Cuando se habla de la gestión sanitaria pública, la privada, la mediopública, la medioprivada,..., se suele argumentar en torno a características que no tienen por qué ser diferenciales de un sistema u otro (por ejemplo, se suele decir que los sistemas mixtos incentivan la correcta gestión de los recursos, pero en la gestión pública se pueden desarrollar herramientas, como la Gestión Clínica avanzada que lleven a cabo esto del mismo modo)... pero en ocasiones sí podemos dar con algunos valores inherentes a un modelo de gestión...
Una de las medidas recientemente proyectadas en Madrid que más dará que hablar (si sigue hacia delante) es la instauración en algunos centros de Atención Primaria de algo similar a lo que en Cataluña se han venido a llamar EBAs (Entidades de Base Asociativa) [aquí un vídeo al respecto].
En la lista de correo electrónico MEDFAM se ha iniciado un hilo al respecto de este tema, y rescato (con su permiso) unas palabras de Pedro Valdés que me han parecido especialmente adecuadas (y que al leerlas he pensado "coño, qué bien dicho lo que alguna vez he pensado y no he sabido expresar bien").
Una de las medidas recientemente proyectadas en Madrid que más dará que hablar (si sigue hacia delante) es la instauración en algunos centros de Atención Primaria de algo similar a lo que en Cataluña se han venido a llamar EBAs (Entidades de Base Asociativa) [aquí un vídeo al respecto].
En la lista de correo electrónico MEDFAM se ha iniciado un hilo al respecto de este tema, y rescato (con su permiso) unas palabras de Pedro Valdés que me han parecido especialmente adecuadas (y que al leerlas he pensado "coño, qué bien dicho lo que alguna vez he pensado y no he sabido expresar bien").
Pero lo que yo quiero reivindicar aquí es que en realidad existen limitaciones convenientes a la gestión pública, y que explican precisamente que ésta exista, puesto que satisfacen otros objetivos sociales al menos tan importantes como la eficiencia. Por ejemplo, el velar por los derechos constitucionales de los ciudadanos y por los derechos como usuarios de servicios públicos, la transparencia y visibilidad de las decisiones de los gestores y el control jurisdiccional de sus actos (por ejemplo, garantizando la igualdad de acceso a la función pública). Pueden existir, además, compromisos gubernamentales que conlleven nuevas limitaciones, como la política de empleo, políticas de precios públicos, acuerdos intersectoriales, etc. Y los organismos públicos, cualquiera que sea su modelo de gestión, creo que se deben guiar por principios que, con frecuencia, son diferentes que los organismos privados. Por ejemplo, el reconocimiento de la asistencia sanitaria como derecho social, la participación activa en las políticas de defensa de los consumidores, o el principio de devolución de los servicios públicos a los contribuyentes, garantizando, por supuesto, el respeto a los valores de pluralismo y democracia.La gestión pública podrá y deberá mejorar, pero será una realidad diferente a la privada. Si una organización sanitaria pública se convierte en una empresa más en el mercado sanitario abandonando algunas de las responsabilidades públicas anteriores, ¿no sería necesario una autorización formal y expresa del Parlamento (que para ésto no se si ha dado permiso) y, probablemente, una explicación extensa a los ciudadanos?. Todo ésto no lo tengo claro, pero mi convencimiento no viene por argumentaciones sobre mejoras en la eficiencia, la satisfacción de los trabajadores (supongo que los socios, no el resto), lo bien que se derivan los pacientes al nivel hospitalario y lo poco que molestan estos organismos a los gerentes públicos.
Gracias, Javier, por tu referencia. Se me ocurre que existe algún aspecto más que diferenciaría las responsabilidades públicas y privadas, por ejemplo,la política lingüística que promueven en los organismos públicos los gobiernos autonómicos con lenguas cooficiales (catalá, valenciá, euskera, galego, dialectos baleares...).
ResponderEliminarUn abrazo.