Sanidad y privatización: los caminos de vuelta.

En España siempre nos hemos vanagloriado de nuestro sistema público de salud, enfatizando lo de público y sin entrar demasiado a desgranar cómo de público era realmente y cuáles eran las derivas por las que transitaba en lo que respectaba a la titularidad pública o privada de su gestión/provisión, su financiación, su control y su propiedad (que son los cuatro aspectos que se suelen analizar al hablar de lo público y lo privado en sanidad).

El año 1997 puso un hito en la entrada de las empresas privadas en el sistema sanitario público, con la aprobación de la Ley 15/97 de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud (apoyada de todos los partidos políticos que por entonces estaban en el congreso de los diputados salvo Izquierda Unida y el BNG) se abrió la puerta a que empresas privadas pudieran gestionar servicios sanitarios públicos, y poco después la Generalitat Valenciana concedió a la Unión Temporal de Empresas Ribera Salud la gestión del Hospital de La Ribera, y con ello dio el pistoletazo de salida al denominado "Modelo Alzira".

El Modelo Alzira se ha utilizado como paradigma de lo que hacer y de lo que no hacer dependiendo del signo político de quien lo juzgara, pero una de sus características fundamentales ha sido su opacidad (como resaltó un informe del National Health Service que lo evaluó para valorar qué podían introducir de este modelo dentro de su sistema sanitario) tanto en lo contractual como, fundamentalmente, en la evaluación de sus resultados en salud; a este respecto conviene leer a Meneu y Peiró en este artículo de Nada Es Gratis donde exponen un estudio de evaluación llevado a cabo por su parte hace pocos años).

Desde finales de los años 90 la introducción de criterios empresariales en la gestión de las instituciones públicas (gerencialismo) se ha expandido por todas las Comunidades Autónomas, en algunas dentro de la gestión pública (como el caso de Andalucía, utilizando las Empresas Públicas o las Unidades de Gestión Clínica como formas de expansión del gerencialismo dentro de la gestión pública) o mediante el desarrollo de formas privadas de gestión (siendo la Comunidad de Madrid y Cataluña auténticos parques temáticos de formas de gestión sanitaria con inclusión de la empresa privada). Tras ese periodo de expansión hubo una cierta estabilización en lo que a las formas de gestión se refiere (especialmente tras los intentos fallidos de privatización de la gestión de 6 hospitales públicos en Madrid) y en los últimos tiempos empezaron a tomar fuerza las iniciativas de reconversión a fórmulas de gestión pública de algunas de las entidades cuya gestión se privatizó. [*Recomendamos este artículo de AMF y este de FMC sobre modelos de gestión, así como este texto de Diagonal sobre lo expuesto por el grupo de Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad]

¿Y el Modelo Alzira? Pues ese modelo, emblemático porque la empresa Ribera Salud no solo gestionaba el hospital de la zona sino también los centros de atención primaria (todo sea dicho, puestos a gestionar algo, al menos que te dejen gestionar también la puerta de entrada a lo que gestionas), parece que está llegando a su fin. La Generalitat Valenciana ha mostrado su firme propósito de pasar los centros del modelo Alzira a la gestión pública, y lo más probable es que sea la fórmula de la empresa pública la que sea más beneficiosa no solo para la institución pública sino especialmente para los/as trabajadores/as que desempeñan allí sus labores.

Contra esto la empresa gestora lleva tiempo intentando moverse y ha convocado una jornada donde defenderá su gestión y vendrá a decir que el entramado jurídico para la reversión de la concesión es muy complejo y que no ha lugar a ello. 

Seguramente también dirán que hay que desideologizar la política sanitaria, que en los tiempos en los que la iniciativa privada aumentaba su cuota de mercado en la gestión sanitaria de los servicios públicos todo era técnica aséptica desprovista de valores, sin injerencias corruptelares y por el bien de la población, no como ahora que la sanidad se ha teñido de ideología contra el bien de los pacientes y del capital (o algo así).

En los centros gestionados por empresas privadas se han hecho (y se hacen) cosas maravillosamente bien. Mejor que en los gestionados de forma directamente pública. También se han hecho (y se hacen) cosas tremendamente mal. Peor que en los gestionados de forma directamente pública. Pero la tendencia de la que hablamos no va de eso; va de que mientras a nivel macro (Unión Europea) se tejen redes que protegen la iniciativa privada en la gestión de los servicios públicos, en nuestro país hay una fuerza creciente (en lo social, y tal vez también en lo político) que piensa que los servicios públicos han de ser gestionado desde lo público o, mucho mejor, desde lo común, y que las empresas con ánimo de lucro parecen quedar notablemente lejos de ese objetivo.