Gestión privada de la sanidad pública: la banca siempre gana.

"Probablemente les sorprenda, pero los ingresos del lado público son más rentable que los del lado privado"

Así de claro se mostraba hace unos meses el Consejero Delegado de Fresenius, la empresa que había comprado Quirón Salud, haciendo gala de sinceridad y clarividencia al mostrar la sanidad privada en nuestro país como un proceso de parasitación de la sanidad pública.

Hoy es el gobierno de la Comunidad de Madrid (Partido Popular) junto con Ciudadanos quien nos nuestra que lo que decía el señor de la frase anterior es totalmente cierto.

Fuente: Acta Sanitaria.

Desde que en 2012 el Partido Popular intentó privatizar la gestión de 6 hospitales en Madrid y de unos cuantos centros de salud, el debate sobre la gestión privada resurgió (recordemos que esto viene de bastante antes, de 1997 al menos) e hizo que muchxs escribiéramos abundantemente sobre ello.

Cuando se habla de los modelos de gestión privada de la sanidad pública se habla de muchas cosas:

1. Por un lado se habla de resultados en salud o de cómo se afecta la equidad, estando bastante establecido que la gestión privada de la sanidad no aporta mejoras en salud y además puede poner en riesgos, según sea el modelo de asistencia sanitaria y la organización territorial de los centros sanitarios, la equidad en el acceso a la asistencia
2. Los aspectos económicos son los segundos que salen a colación, haciéndose comparaciones según estudios de evaluación económica y mostrándose que, desde una perspectiva social, no parece nada justificado ampararse en la eficiencia para defender la gestión privada de centros públicos.

Sin embargo hay un aspecto por el que, desde la perspectiva del financiador público, debería renunciarse a la privatización de la gestión de centros sanitarios privados: la gestión del riesgo.

El modelo actual más utilizado de gestión privada a nivel hospitalario es el modelo PFI (Private Financing Initiative o Iniciativa de Financiación Privada), según el cual una empresa privada (un conjunto de empresas privadas, que como buena historia que es, también aquí tiene que tener algún papel una constructora) construye un hospital y a cambio se le concede la gestión (también llamada explotación) de sus servicios clínicos y no clínicos durante un periodo de tiempo (20 años en principio) a cambio de un dinero anual por habitante (la llamada cápita).

La justificación que se da desde las personas que creen que los modelos PFI molan y que deberíamos expandir su uso es que se permite poner a disposición de la población nuevas infraestructuras sin incurrir en incrementos del gasto público, haciendo una transferencia del riesgo financiero que supone una inversión de este tipo y a cambio de un gasto más o menos fijo en concepto de cápita. Además, los gastos en los que se incurría en estos contratos no computaban, en teoría, en el déficit público, de modo que parecía una estrategia win-win así contada.

La realidad es que, por un lado lo de que no compute como deuda acabó siendo mentira puesto que a la hora de la verdad pudimos ver cómo la troika le dijo a Portugal que la vinculación y el anclaje que suponían los contratos de sus modelos PFI eran de tan calado que debían computar en el déficit. Por otro lado, y más importante, no existe ninguna transferencia de riesgo.

Cuando Ribera Salud o la Fundación Jiménez Díaz (esta última con un modelo diferente) han necesitado un rescate o un cambio en la cápita, se ha hecho; los centros sanitarios y los contratos firmados para su gestión cumplen la máxima de TOO BIG TO FALL (DEMASIADO GRANDES PARA CAER) y tienen un elevado nivel de blindaje a nivel contractual.

Y esto ¿qué tiene que ver con la subida presupuestaria tan diferente entre centros públicos y centros privados? Resulta que el cierre maravilloso de la falta de transferencia de riesgos está en que el beneficio de los centros de gestión privada está bien blindado por la vía contractual; aunque los pliegos no gozan de la transparencia que debería desearse dentro de la gestión de un servicio público, sí que se sabe que, por ejemplo, el acuerdo de financiación del hospital de Valdemoro (gestión privada) incluía una financiación anual incremental del IPC+2 puntos. Es decir, con los hospitales de gestión pública directa se haría lo que fuera, recortando si fuera preciso para cuadrar las cuentas, pero la financiación de los centros de gestión privada quedaba bien cubierta a muchos años vista.

Privatizar la gestión de la sanidad pública supone transferir el poder de planificación, control y gestión a empresas privadas sobre las cuales las administraciones públicas no tienen apenas capacidad de actuación.

Eso es precisamente lo que debería hacer que se dejaran atrás debates sobre la no inferioridad o la inferioridad de uno u otro modelo y se apostara por una gestión pública efectiva, segura, eficiente, que rinda cuentas y que se atraviese de las herramientas de control democrático propias de los servicios públicos de una sociedad que también lo sea.

Por cierto, el gasto en hospitales de gestión privada crece un 6.1%, el de los hospitales de gestión pública un 2.5%... y el de la Atención Primaria un 2.2%... se hable de lo público o de lo privado, la atención primaria siempre pierde.