Gobierno de España: aumentando las desigualdades sociales en salud.

En el año 2010, la Comisión para Reducir de las Desigualdades Sociales en Salud en España Avanzando hacia la equidad: propuesta de políticas e intervenciones para reducir las desigualdades sociales en salud en España". Ese texto pretendía ser guía para un gobierno que quisiera abordar el problema de las desigualdades sociales y su influencia en la salud de su población.publicó un informe titulado "

Leer ese texto ahora es un ejercicio para ver qué pensaban algunos de los mayores expertos en desigualdades sociales en salud en nuestro país y cuáles han sido las políticas del gobierno en los últimos años. Podríamos repasar todos los apartados del informe, pero aprovechando el segundo aniversario de la entrada en vigor del Real Decreto 16/2012 y con él la pérdida de la universalidad de nuestro sistema sanitario, vamos a centrarnos solo en las recomendaciones de "prioridad máxima" realizadas en materia de sanidad.

En negrita señalaremos aquellos aspectos en los que las medidas instauradas en los últimos años atentan de forma frontal contra la equidad.

Recomendación 1: Incluir en todos los Planes de Salud y Planes Directores estatales, autonómicos y locales objetivos específicos de disminución de las desigualdades en el estado de salud y en el acceso, calidad y efectividad de los sistemas sanitarios.

Recomendación 2: Promover la participación e incorporación de los puntos de vista de la ciudadanía y personas usuarias en los procesos de toma de decisión del Sistema de Salud, empezando por el nivel local.

• La participación, la rendición de cuentas y la transparencia en la toma de decisiones no son aspectos que se hayan incorporado, en absoluto, en el funcionamiento de la sanidad de los últimos años. A nivel ministerial, llama la atención la sordera total a los reclamos de movimientos sociales y diversos colectivos para la restitución del derecho a la asistencia sanitaria a los grupos de población que fueron desposeídos del mismo.

Recomendación 3: Asegurar la correcta aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y de Atención a las Personas en situación de Dependencia, y potenciar la oferta de servicios públicos de calidad para cubrir las necesidades de las personas dependientes y cuidadoras, especialmente en los grupos más desfavorecidos y con mayor riesgo de empobrecimiento y exclusión laboral y social.

• La denominada "ley de dependencia" murió de inanición, manteniéndose de forma parcial, y con equilibrios presupuestarios, en aquellas comunidades autónomas que han decidido priorizarla y hacer un esfuerzo por su mantenimiento, al menos, en la población más necesitada.

Recomendación 4: Garantizar la plena universalización de la atención sanitaria para todos los residentes en España, con una cobertura del 100% y sin discriminación en función del tipo de afiliación a la Seguridad Social.

• Poco más hay que decir de esto. Nuestra sanidad no es universal y cada vez lo es menos. Es curioso cómo esta recomendación, hecha un par de años antes de la redacción del RD16/2012 vaticina cómo el modo de romper la universalidad pasa por volver a vincular el derecho a la asistencia sanitaria con las cotizaciones a la Seguridad Social.

Recomendación 5: Ampliar la cobertura pública de prestaciones que actualmente son deficitarias (ej.: bucodental, rehabilitación, ayudas visuales y auditivas) priorizando, según criterios de equidad, aquellos procesos que, por su prevalencia e ineludibilidad, provocan en mayor medida el recurso al sistema privado por parte de población con recursos limitados.

• Este punto "ni está ni se le espera". La tendencia tras el RD16/2012 ha sido a segmentar la cartera de servicios para acotar de forma más restrictiva las prestaciones incluidas. España seguirá siendo un país en el que para mirar la clase social es más significativo mirar la salud bucodental que la renta declarada.

Recomendación 6: Evitar que las áreas socioeconómicamente menos favorecidas o los grupos sociales más desfavorecidos tengan menos servicios y/o de peor calidad que las más ricas. Las infraestructuras preferentemente deberían ser de propiedad y gestión públicas.

• En alguna ocasión hemos comentado en este blog que unos de los problemas que afrontan países como Reino Unido y Suecia, con importantes participaciones privadas en la gestión de sus centros sanitarios, es que las áreas de alto nivel socioeconómico se ven sobredotadas de infraestructuras sanitarias mientras que las áreas de bajo nivel socioeconómico se ven infradotadas. En España posiblemente sea el eje urbano-rural uno de los más determinantes a este respecto -especialmente en épocas de crisis-, pero un aspecto en el que no nos estamos quedando atrás es en el de introducir la gestión privada  en nuestro sistema...

Recomendación 7: Reducir las barreras administrativas al empadronamiento y a la consecución de la tarjeta sanitaria en todos los centros sanitarios, actuando sobre los requisitos legales y vigilando las inequidades en las prácticas locales.

• La "recomendación 4" hace que esto ya pierda importancia, al haber instaurado una barrera más infranqueable que ésta. De todos modos, merece la pena añadir que a los españoles (o ciudadanos de la Unión Europea) mayores de 26 años que no hayan cotizado o que no perciban prestación por desempleo se les exige que se saquen el "carnet de pobre" para poder obtener la condición de "asegurado"... más trabas legales y administrativas a diferentes niveles.

Recomendación 8: Mejorar el acceso a medicamentos gratuitos a aquellas personas en situación más desfavorecida.

• Aquí tenemos "noticias" positivas y negativas. A los parados sin prestación (cada vez más) se les excluyó del copago, por lo que tienen acceso gratuito a los medicamentos de prescripción. Sin embargo, no solo se subió el porcentaje de participación de los usuarios en el pago de los medicamentos, sino que se incluyó en dicha participación a los pensionistas, cosa que en una situación de ruptura del tejido laboral y responsabilización económica de los mayores en el mantenimiento de las familias de sus hijxs, parece una medida, cuanto menos, discutible, por mucho que se intentara hacer un -chapucero- ajuste por renta.

Recomendación 9: Desaconsejar el recurso al copago como instrumento para paliar los problemas de financiación de la atención sanitaria, por sus impactos regresivos en la equidad económica y en salud.

• La remodelación y aumento al alza del copago farmacéutico se ha complementado con diversos intentos de introducción de copagos -transporte sanitario no urgente, medicamentos hospitalarios,...- y los últimos rumores del copago por el "uso inadecuado" de los servicios de urgencias. Es decir, no solo nos encontramos con el uso del copago como medida de mejora de la financiación, sino que además se utiliza con un componente moralizador que casi nos podría escandalizar más.

Recomendación 10: Incorporar sistemáticamente el consejo y tratamiento antitabáquico en la atención primaria de salud, sobre todo en los centros de las áreas menos favorecidas, teniendo en cuenta la perspectiva de género y clase social, así como las diferencias culturales relacionadas con el país de origen.

• No tenemos un sistema sanitario que funcione con perspectiva de género y clase social, aunque haya profesionales que sí que lo hagan desde sus consultas.

Recomendación 11: Facilitar el acceso territorial a los servicios de salud sexual y reproductiva, así como a los preservativos, a otros métodos contraceptivos, a la anticoncepción de emergencia y a la interrupción voluntaria del embarazo.

• Otro de los grandes temas del gobierno actual es la reforma de la ley del aborto, basándose en supuestos epidemiológicos más que cuestionables. Las medidas actuales en materia de salud sexual y reproductiva no van más allá de la prohibición a nivel legislativo y el abordaje sanitarizado y con poca visión de género.

Resulta sorprendente cómo se puede legislar tan de espaldas a las recomendaciones que tu propio ministerio (pero de signo partidista distinto) pidió a una serie de expertos unos meses antes. Leer el documento entero da una idea de que las medidas tomadas no son el resultado de la elección aleatoria de caminos diversos, sino que forman un cuerpo de medidas coherentes entre si y que nos guían hacia el aumento de las desigualdades sociales en salud.