En estas semanas leemos (o incluso emitimos) propuestas sobre políticas de salud de cara a las elecciones, se resaltan respuestas a las preguntas más inverosímiles y se elucubra con quiénes serían los responsables de las carteras ministeriales si gobernara tal o cual partido.
Sin embargo existe una pregunta que rara vez sale en los debates o entrevistas sobre política sanitaria y que probablemente sea la llave que abra o cierre el acceso a la posiblidad de llevar a cabo las políticas de salud prometidas en los diferentes documentos de propuestas de gobierno: ¿cuál es la postura de su partido frente al TTIP (Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión, que se trata de un acuerdo comercial entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América)?
Hace algo más de un año publicamos en eldiario.es un artículo titulado "El TTIP: ¿una amenaza para los sistemas sanitarios públicos?" donde comentábamos algunas de las repercusiones que dicho acuerdo podría tener sobre la privatización de los servicios de salud, así como en la legislación en materia de protección de la salud. Los párrafos finales de dicho artículo decían:
En resumen los efectos que el TTIP puede tener en el sector sanitario son, principalmente, dos: 1) Incrementar la apertura y facilidades para que empresas aseguradores de los Estados Unidos puedan implantarse en los países miembros de la Unión Europea, otando sus inversiones de una mayor seguridad jurídica y disminuyendo la soberanía en la gestión de ciertos setores por parte de los países de la Unión. 2) Blindar los procesos de liberalización y privatización emprendidos en los últimos años en los países de nuestro entorno. Afirmar que estos serán los efectos del TTIP no es un ejercicio de adivinación, sino la consecuencia directa de observar quiénes han sido los que han diseñado e interferido en la redacción de sus medidas. Como se puede ver en la web de Corporate Europe Observatory, el 92% de las reuniones de la Comisión Europea fueron con lobbies empresariales privados, y solo el 4% con representantes de los intereses públicos; además, las empresas del sector sanitario y farmacéutico se encuentran en el top 10 de las qe más presión han ejercido durante la redacción del TTIP.
El TTIP puede ser una de esas medidas que Mckee y Stuckler (Mckee 2011) señalaban como claves para destruir la universalidad de los servicios públicos, estando ausente del debate público y siendo complicado adelantar los efectos que tendrá en el medio plazo.Recientemente, la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) ha emitido un informe de posicionamiento sobre el posible efecto del TTIP sobre la salud pública; uno de los aspectos más comentados en dicho documento es el papel que desempeñará el denominado "inversor-to-state dispute settlement", un arbitraje encaminado a proteger al inversor extranjero frente al resto de actores (inversores nacionales, estados miembros y la propia Unión Europea). El problema que esto trae consigo es lo que comenta el informe de SESPAS:
"...la experiencia demuestra que el arbitraje puede acabar afectando a la potestad regulatoria de los gobiernos. Es más, en los últimos años se aprecia una preocupante tendencia. Los inversores extranjeros están utilizando impropiamente este mecanismo, no sólo para blindar sus expectativas de ganancia y conseguir una indemnización del Estado, sino también para intentar que los árbitros internacionales dejen sin vigencia y paralicen las leyes emanadas de la soberanía popular."
Un ejemplo de dichas leyes puede estar en relación con las iniciativas de los diferentes partidos en materia de transparencia sanitaria relacionada con la investigación realizada por empresas privadas. Uno de los aspectos que presumiblemente traería consigo el TTIP sería un incremento de los tiempos de exclusividad en la ocultación de los datos de investigaciones realizadas en la Unión Europea. Ese monopolio de datos, que supone un problema en materia de seguridad y ética (exposición de pacientes a ensayos clínicos con incertidumbres posiblemente solucionables con peno acceso a datos existentes pero ocultos por motivos comerciales y estratégicos) podría tratar de paliarse con leyes de transparencia sanitaria (o leyes de transparencia en general) a nivel estatal dentro de los estados miembros de la Unión Europea, pero difícilmente esa legislación podría salir adelante en el marco de un TTIP que blindara los derechos de las industrias que realicen investigación y desarrollo en este ámbito.
Eso mismo es aplicable a las posturas sobre gestión pública, privatización de servicios auxiliares no clínicos, estatus jurídico de los profesionales sanitarios, incrementos de las partidas presupuestarias para sanidad,...
Se pueden plantear mil y una propuestas, pero si ante la pregunta de "¿piensa su partido apoyar la firma del TTIP?" la respuesta no es de oposición al mismo, es probable que el resto de propuestas sean, en gran parte, fuegos de artificio a merced de un marco jurídico superior que no sabemos muy bien cómo articulará el papel de los estados miembros para actuar y legislar en su ámbito interno de actuación.
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