La sanidad y el ladrillo: una historia de amor.

Decíamos ayer...

Otro de los casos investigados en la actualidad y con relación parcial con el ámbito sanitario es el de la presunta financiación ilegal del Partido Popular. En los llamados papeles de Bárcenas se encuentran registradas donaciones de empresas a las que posteriormente se concedió la construcción o gestión de algunos de los centros sanitarios de la Comunidad de Madrid. La aparición de empresas de construcción en este entramado es especialmente significativa porque la concesión de contratos para la construcción de estos centros supondría, para ellas, la amortiguación de la estacionalidad de su negocio de construcción.

Eso me dejaron escribir hace unos años en Agenda Pública en un post sobre corrupción y sistemas sanitarios.

Hoy leemos lo siguiente:

Fuente: eldiario.es

Al parecer, en la frase "vamos a construir nuevos hospitales", lo importante no era la parte de los "nuevos hospitales", sino la parte de "construir", y esto trae consigo algunos problemas.

La sanidad que vino a salvar al ladrillo.

1. La industria de la construcción española se estaba quedando sin personas a las que venderle su segunda vivienda a costa de hipotecar a sus nietxs, y necesitaba alguna manera de desestacionalizar sus ingresos económicos.

2. España tenía un marco jurídico perfecto para ello con la Ley 15/97 que posibilitaba las llamadas "nuevas formas de gestión" (que siempre serán nuevas al igual que un móvil nokia de los antiguos será una nueva tecnología).

3. Una sanidad en manos de la propaganda política buscaba una forma de presentar nuevas infraestructuras a la ciudadanía sin incurrir en gastos que le hicieran salirse del marco de control presupuestario impuesto por Europa.

1 + 2 + 3= los centros sanitarios públicos de gestión privada de la Comunidad de Madrid (y de otros sitios, pero el madridcentrismo hoy tiene motivos).

En España, la construcción de nuevos hospitales se realizó para colmar las necesidades de las constructoras, en primer lugar, y de ciertos grupos políticos que necesitaban financiarse y comprar voluntades, en segundo lugar; la planificación basada en necesidades en salud nunca estuvo sobre la mesa.

No es el modelo de sistema sanitario, es que tú no me rentas.

Los defensores incansables de los modelos centrados en la atención primaria. al ver que se construían nuevos hospitales a golpe de gestión privada mientras la red de atención primaria de la Comunidad de Madrid seguía siendo de las más débiles del territorio estatal, saltaron diciendo que seguía sin ponerse a la atención primaria en el centro de sistema, etc, etc, etc.

El asunto es que la atención primaria tiene mucha menor capacidad de extracción de rentas que la construcción de megahospitales con tecnologías a la última, cambios urbanísticos, construcción de aparcamientos,...

En un modelo centrado en la planificación de la industria de la construcción y la compra de la voluntades, la atención primaria o la salud pública son adornos colaterales o, en el caso de modelos PFI (ver explicación aquí), la puerta de entrada para controlar los gastos hospitalarios -por eso en la reasignación del modelo Alzira se incluyó la atención primaria-

Podemos devanarnos los sesos pensando que es que "a nuestros políticos no les interesa la atención primaria" y excusas similares, pero en realidad lo que ocurre es que es la propia atención sanitaria la que no está en en centro de la planificación.

Podrían haber sido centros comerciales en lugar de centros hospitalarios, pero entonces habría sido menos justificable blindar contratos a 20-30 años para asegurar su rentabilidad desde el dinero público. Los hospitales son un negocio perfecto: contratos a largo plazo y prestación de unos servicios tan fundamentales que hacen que ningún gobierno pueda dejarlos caer si ocurren incumplimientos de contratos.

Una vez más, la parasitación público-privada como modelo de gestión de la sanidad pública.

Gestión privada de la sanidad pública: la banca siempre gana.

"Probablemente les sorprenda, pero los ingresos del lado público son más rentable que los del lado privado"

Así de claro se mostraba hace unos meses el Consejero Delegado de Fresenius, la empresa que había comprado Quirón Salud, haciendo gala de sinceridad y clarividencia al mostrar la sanidad privada en nuestro país como un proceso de parasitación de la sanidad pública.

Hoy es el gobierno de la Comunidad de Madrid (Partido Popular) junto con Ciudadanos quien nos nuestra que lo que decía el señor de la frase anterior es totalmente cierto.

Fuente: Acta Sanitaria.

Desde que en 2012 el Partido Popular intentó privatizar la gestión de 6 hospitales en Madrid y de unos cuantos centros de salud, el debate sobre la gestión privada resurgió (recordemos que esto viene de bastante antes, de 1997 al menos) e hizo que muchxs escribiéramos abundantemente sobre ello.

Cuando se habla de los modelos de gestión privada de la sanidad pública se habla de muchas cosas:

1. Por un lado se habla de resultados en salud o de cómo se afecta la equidad, estando bastante establecido que la gestión privada de la sanidad no aporta mejoras en salud y además puede poner en riesgos, según sea el modelo de asistencia sanitaria y la organización territorial de los centros sanitarios, la equidad en el acceso a la asistencia
2. Los aspectos económicos son los segundos que salen a colación, haciéndose comparaciones según estudios de evaluación económica y mostrándose que, desde una perspectiva social, no parece nada justificado ampararse en la eficiencia para defender la gestión privada de centros públicos.

Sin embargo hay un aspecto por el que, desde la perspectiva del financiador público, debería renunciarse a la privatización de la gestión de centros sanitarios privados: la gestión del riesgo.

El modelo actual más utilizado de gestión privada a nivel hospitalario es el modelo PFI (Private Financing Initiative o Iniciativa de Financiación Privada), según el cual una empresa privada (un conjunto de empresas privadas, que como buena historia que es, también aquí tiene que tener algún papel una constructora) construye un hospital y a cambio se le concede la gestión (también llamada explotación) de sus servicios clínicos y no clínicos durante un periodo de tiempo (20 años en principio) a cambio de un dinero anual por habitante (la llamada cápita).

La justificación que se da desde las personas que creen que los modelos PFI molan y que deberíamos expandir su uso es que se permite poner a disposición de la población nuevas infraestructuras sin incurrir en incrementos del gasto público, haciendo una transferencia del riesgo financiero que supone una inversión de este tipo y a cambio de un gasto más o menos fijo en concepto de cápita. Además, los gastos en los que se incurría en estos contratos no computaban, en teoría, en el déficit público, de modo que parecía una estrategia win-win así contada.

La realidad es que, por un lado lo de que no compute como deuda acabó siendo mentira puesto que a la hora de la verdad pudimos ver cómo la troika le dijo a Portugal que la vinculación y el anclaje que suponían los contratos de sus modelos PFI eran de tan calado que debían computar en el déficit. Por otro lado, y más importante, no existe ninguna transferencia de riesgo.

Cuando Ribera Salud o la Fundación Jiménez Díaz (esta última con un modelo diferente) han necesitado un rescate o un cambio en la cápita, se ha hecho; los centros sanitarios y los contratos firmados para su gestión cumplen la máxima de TOO BIG TO FALL (DEMASIADO GRANDES PARA CAER) y tienen un elevado nivel de blindaje a nivel contractual.

Y esto ¿qué tiene que ver con la subida presupuestaria tan diferente entre centros públicos y centros privados? Resulta que el cierre maravilloso de la falta de transferencia de riesgos está en que el beneficio de los centros de gestión privada está bien blindado por la vía contractual; aunque los pliegos no gozan de la transparencia que debería desearse dentro de la gestión de un servicio público, sí que se sabe que, por ejemplo, el acuerdo de financiación del hospital de Valdemoro (gestión privada) incluía una financiación anual incremental del IPC+2 puntos. Es decir, con los hospitales de gestión pública directa se haría lo que fuera, recortando si fuera preciso para cuadrar las cuentas, pero la financiación de los centros de gestión privada quedaba bien cubierta a muchos años vista.

Privatizar la gestión de la sanidad pública supone transferir el poder de planificación, control y gestión a empresas privadas sobre las cuales las administraciones públicas no tienen apenas capacidad de actuación.

Eso es precisamente lo que debería hacer que se dejaran atrás debates sobre la no inferioridad o la inferioridad de uno u otro modelo y se apostara por una gestión pública efectiva, segura, eficiente, que rinda cuentas y que se atraviese de las herramientas de control democrático propias de los servicios públicos de una sociedad que también lo sea.

Por cierto, el gasto en hospitales de gestión privada crece un 6.1%, el de los hospitales de gestión pública un 2.5%... y el de la Atención Primaria un 2.2%... se hable de lo público o de lo privado, la atención primaria siempre pierde.

Sanidad y privatización: los caminos de vuelta.

En España siempre nos hemos vanagloriado de nuestro sistema público de salud, enfatizando lo de público y sin entrar demasiado a desgranar cómo de público era realmente y cuáles eran las derivas por las que transitaba en lo que respectaba a la titularidad pública o privada de su gestión/provisión, su financiación, su control y su propiedad (que son los cuatro aspectos que se suelen analizar al hablar de lo público y lo privado en sanidad).

El año 1997 puso un hito en la entrada de las empresas privadas en el sistema sanitario público, con la aprobación de la Ley 15/97 de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud (apoyada de todos los partidos políticos que por entonces estaban en el congreso de los diputados salvo Izquierda Unida y el BNG) se abrió la puerta a que empresas privadas pudieran gestionar servicios sanitarios públicos, y poco después la Generalitat Valenciana concedió a la Unión Temporal de Empresas Ribera Salud la gestión del Hospital de La Ribera, y con ello dio el pistoletazo de salida al denominado "Modelo Alzira".

El Modelo Alzira se ha utilizado como paradigma de lo que hacer y de lo que no hacer dependiendo del signo político de quien lo juzgara, pero una de sus características fundamentales ha sido su opacidad (como resaltó un informe del National Health Service que lo evaluó para valorar qué podían introducir de este modelo dentro de su sistema sanitario) tanto en lo contractual como, fundamentalmente, en la evaluación de sus resultados en salud; a este respecto conviene leer a Meneu y Peiró en este artículo de Nada Es Gratis donde exponen un estudio de evaluación llevado a cabo por su parte hace pocos años).

Desde finales de los años 90 la introducción de criterios empresariales en la gestión de las instituciones públicas (gerencialismo) se ha expandido por todas las Comunidades Autónomas, en algunas dentro de la gestión pública (como el caso de Andalucía, utilizando las Empresas Públicas o las Unidades de Gestión Clínica como formas de expansión del gerencialismo dentro de la gestión pública) o mediante el desarrollo de formas privadas de gestión (siendo la Comunidad de Madrid y Cataluña auténticos parques temáticos de formas de gestión sanitaria con inclusión de la empresa privada). Tras ese periodo de expansión hubo una cierta estabilización en lo que a las formas de gestión se refiere (especialmente tras los intentos fallidos de privatización de la gestión de 6 hospitales públicos en Madrid) y en los últimos tiempos empezaron a tomar fuerza las iniciativas de reconversión a fórmulas de gestión pública de algunas de las entidades cuya gestión se privatizó. [*Recomendamos este artículo de AMF y este de FMC sobre modelos de gestión, así como este texto de Diagonal sobre lo expuesto por el grupo de Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad]

¿Y el Modelo Alzira? Pues ese modelo, emblemático porque la empresa Ribera Salud no solo gestionaba el hospital de la zona sino también los centros de atención primaria (todo sea dicho, puestos a gestionar algo, al menos que te dejen gestionar también la puerta de entrada a lo que gestionas), parece que está llegando a su fin. La Generalitat Valenciana ha mostrado su firme propósito de pasar los centros del modelo Alzira a la gestión pública, y lo más probable es que sea la fórmula de la empresa pública la que sea más beneficiosa no solo para la institución pública sino especialmente para los/as trabajadores/as que desempeñan allí sus labores.

Contra esto la empresa gestora lleva tiempo intentando moverse y ha convocado una jornada donde defenderá su gestión y vendrá a decir que el entramado jurídico para la reversión de la concesión es muy complejo y que no ha lugar a ello. 

Seguramente también dirán que hay que desideologizar la política sanitaria, que en los tiempos en los que la iniciativa privada aumentaba su cuota de mercado en la gestión sanitaria de los servicios públicos todo era técnica aséptica desprovista de valores, sin injerencias corruptelares y por el bien de la población, no como ahora que la sanidad se ha teñido de ideología contra el bien de los pacientes y del capital (o algo así).

En los centros gestionados por empresas privadas se han hecho (y se hacen) cosas maravillosamente bien. Mejor que en los gestionados de forma directamente pública. También se han hecho (y se hacen) cosas tremendamente mal. Peor que en los gestionados de forma directamente pública. Pero la tendencia de la que hablamos no va de eso; va de que mientras a nivel macro (Unión Europea) se tejen redes que protegen la iniciativa privada en la gestión de los servicios públicos, en nuestro país hay una fuerza creciente (en lo social, y tal vez también en lo político) que piensa que los servicios públicos han de ser gestionado desde lo público o, mucho mejor, desde lo común, y que las empresas con ánimo de lucro parecen quedar notablemente lejos de ese objetivo.

La sanidad en Madrid: ¿y Ahora qué?

Hace dos meses publicamos un texto sobre los retos de futuro del gobierno andaluz en temas de salud. Hoy, tras las elecciones del pasado domingo queremos hacer algunas anotaciones en relación al escenario sanitario y de salud de la Comunidad de Madrid.

La gestión privada: ¿batalla abierta?

En el año 2012 el gobierno de la Comunidad de Madrid abrió la batalla sobre la gestión privada de centros sanitarios públicos. En realidad ésta era una batalla abierta muchos años antes -dentro de 2 años se cumplirá el vigésimo aniversario de la famosa Ley 15/97-, pero una notable incapacidad comunicativa mezclada con las ansias de introducir los tentáculos de la iniciativa privada de forma atolondrada y masiva llevaron a que se librara uno de los pulsos sanitarios más notables de los últimos años.

Siguen sin existir pruebas de que la gestión privada de los centros sanitarios públicos sea más efectiva, más segura, menos costosa o más eficiente, mientras que se acumulan los episodios de vinculación entre los dirigentes políticos que otorgan las concesiones y las empresas que las reciben, así como las muestras de que los contratos firmados suponen un blindaje durante décadas tanto del manejo como, sobre todo, de la financiación de dichos contratos.

Además, los contratos con incrementos de financiación interanuales vinculados al IPC (IPC + X puntos) suponen un freno total a los posibles planteamientos de reordenamiento del sistema sanitario en base a una integración sociosanitaria y transferencia de fondos desde lo médico a lo social.

La falta de músculo económico en la sanidad madrileña.

La sanidad madrileña viene de un modelo de ladrillazo sanitario mediante el cual Esperanza Aguirre (y su gente) promovieron un discurso en materia de salud muy sanitariocéntrico y, a su vez, tremendamente centrado en la construcción de nuevas infraestructuras sanitarias en cada pueblo donde pudiera resultar electoralmente rentable.

Para hacer frente a este enorme incremento de la inversión se hizo uso, en varias ocasiones, de los modelos PFI, según los cuales una empresa privada se encargaba de la construcción a cambio de un canon y la explotación de los servicios no clínicos del hospital durante XX años. Esto supone, para el político que tenga una visión cortoplacista y muy reducida, una estrategia win-win: se pueden ofertar a los ciudadanos centros sanitarios a coste cero (obviamente no es a coste cero... casi nada es a coste cero) en el corto plazo mientras que para las empresas concesionarias sirve para entrar en un campo de inversión no tan lastrado por los ciclos de la construcción en España y que además tiene la red de seguridad de lo público, asegurándose un negocio redondo.

Esto ha dibujado en la Comunidad de Madrid una situación dantesca en dos aspectos fundamentales:

1. Un futuro a largo plazo hipotecado con las empresas que ostentan los contratos de los modelos PFI (y de los nuevos modelos PPP), de modo que si se quiere redistribuir gasto desde atención hospitalaria a cualquier otro sector se tendrá que hacer detrayendo los fondos de los centros de gestión pública -con lo que esto puede suponer, además, en el análisis comparativo del desempeño entre centros públicos y privados a posteriori-.
2. Un corto plazo de insuficiencia financiera porque la liquidez existente -poquita, porque la infrafinanciación sanitaria del conjunto del estado no es ajena a Madrid- se ha gastado en infraestructuras de dudoso aporte de salud para la población (habrá de todo, pero la falta de planificación ha sido la gran tónica de los últimos años sanitarios en Madrid).

La Comunidad de Madrid se sitúa por debajo de la media tanto en gasto sanitario por habitante como en gasto sanitario como parte del Producto Interior Bruto (PIB). Para hacer frente a este problema es necesario incrementar esta partida. No es algo que se pueda realizar a coste cero, por mucho que haya un recorrido de eficiencia que se pueda comenzar. El hecho de que en las partidas presupuestarias de educación la situación sea similar (o incluso peor) hace presagiar que se trata más de un hecho estratégicamente intencionado que de un error que se plantee ser subsanado.

La desgravación fiscal de los seguros sanitarios privados.

Si el camino de la recapitalización de la sanidad madrileña no se pretende recorrer, tal vez la apuesta vaya por otro lado. Dado que uno de los posibles gobiernos más probables parece uno del Partido Popular con mayor o menor permisividad de Ciudadanos, no sería descartable que se rescatara una medida impulsada por el Partido Popular en alguna Comunidad Autónoma (Baleares, por ejemplo) y que Ciudadanos ha llevado en alguno de sus programas electorales: la desgravación fiscal de los seguros sanitarios privados.

Este tema, muy tratado por aquí en alguna otra ocasión, nos parece fundamental por lo que supone a la hora de ahondar la incapacidad de las Comunidades Autónomas para financiar su sanidad... nos gusta especialmente el párrafo de Vicente Ortún que copiamos (de nuevo) a continuación:

“La desgravación fiscal del seguro voluntario de salud resulta difícil de sostener en la medida que existe un seguro obligatorio financiado públicamente, que la disminución del coste público que supone tener un seguro duplicado no es contrastable, y que además la desgravación distorsiona las decisiones individuales e introduce inequidad porque no todos tendrán acceso.”

La tensión municipalista: Comunidad y Ayuntamientos.

La previsible llegada a la alcaldía del Ayuntamiento de Madrid de Ahora Madrid puede suponer la coexistencia en la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de dos fuerzas no ya de signos ideológicos distintos, sino incluso de concepción de la finalidad de las instituciones y sus modelos de participación.

A nivel de salud esto puede ser especialmente relevante. Los ayuntamientos pueden ser el terreno donde se desempeñe una función de promoción de salud y fomento de la visión de activos en salud fundamental, incluyendo la salud como eje de todas las políticas... pero esto será complicado si no existe cierta coordinación y sintonía con los planteamientos del sistema sanitario de la Comunidad de Madrid.

La colaboración entre ambos niveles puede ser fundamental a la hora de disminuir las desigualdades sociales en salud y ayudar a que los servicios públicos tengan esa función de reducción de la ley de cuidados inversos que nunca deberían abandonar. 

Existen muchos otros aspectos clave; probablemente la recuperación -o no- de las colaboración entre trabajadores/as sanitarios/as y las instituciones sea uno de los aspectos más reseñables, pero existen muchos otros que iremos tratando aquí antes o después.

[Desde aquí, terminamos no sin antes mandar un fuerte abrazo a Javier Barbero, Mónica García y Carmen San José, compañeros sanitarios que inauguran su labor en las instituciones de Madrid... ¡muchos ánimo!]

Privatización, corrupción y transparencia: la lucha contra los trileros

La privatización es sinónimo de corrupción, decían Mercedes Pérez y Juan Gérvas en diversos medios hace poco tiempo. Esa afirmación se empeña en demostrarse cierta, y ha tomado la privatización de la gestión de 6 hospitales de la Comunidad de Madrid ("CM" en adelante) como ejemplo a través del cual mostrarse a la sociedad.

Comentábamos en un texto en eldiario.es que 

En los textos que podemos encontrar en la literatura científica acerca de cómo abordar, reducir y evitar la corrupción sanitaria se plantea como una constante la necesidad de garantizar una rendición de cuentas sobre el uso dado a los recursos públicos, creando los mecanismos de transparencia y evaluación del desempeño de los proveedores sanitarios (públicos o privados) que permitan escrutar de forma efectiva la relación entre inputs y outputs sanitarios.

Así mismo, es necesario que esta transparencia sea controlada y participada por la ciudadanía, implicándola no sólo en la recepción de información por parte de los directivos y políticos, sino haciendo que sea parte de la toma de decisiones sanitarias y del diseño del sistema, tanto en su estructura como en el establecimiento de qué sistema sanitario podemos permitirnos.

 La corrupción supone un robo a la ciudadanía; cuando se produce en los servicios públicos de protección social, cuya utilidad en estos momentos es amortiguar los efectos de la crisis económica, ese robo puede tener un efecto amplificado. Es por ello que podemos afirmar que la corrupción sanitaria cuesta vidas.

 Las letras en negrita no estaban en el texto original, sino que las hemos añadido ahora a raíz de algo que sucedió ayer. La Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) dio a conocer en el día de ayer un informe titulado "Cálculo del coste de la asistencia sanitaria en Madrid", que viene a ser una auditoría a los cálculos realizados por el Gobierno de la CM para establecer los pagos que se realizarán a las empresas concesionarias de los hospitales cuya gestión se pretende privatizar. Tuve la fortuna de poder leer con anterioridad los datos del informe y os resumo a continuación los aspectos que me parecieron más destacados (aunque os recomiendo encarecidamente su lectura porque es un documento muy ilustrativo y sencillo de seguir):

1. La CM llevó a cabo en 2011 un método para calcular la facturación intercentros (uno de los aspectos clave en los cálculos de la capita de cada centro) y lo cambió para el año 2012 sin explicar el porqué de ese cambio. Curiosamente, con ese cambio salían beneficiados todos los hospitales cuya gestión se pretende privatizar.
2. Los cálculos de la CM carecen de coherencia interna, habiendo incongruencias mayúsculas en datos de años consecutivos. Además, esa falta de coherencia interna toma su máxima expresión en los desequilibrios contables que hacen que, en un sistema -mayormente- cerrado como es el hospitalario en lo relativo a la facturación intercentros, haya un desequilibrio contable cuyo agujero -millonario- no queda expresado en ningún registro.
3. Se utilizan valores de precios públicos de 2009 para realizar los cálculos de las cápitas pero la facturación intercentros se llevará a cabo con precios de 2013, de forma que, según el informe AFEM, se estima que se está regalando un 2% del total de la facturación intercentros por la realización de este artificio metodológico.
4. Todos y cada uno de los aspectos controvertidos, desde el punto de vista metodológico, que aparecen en los cálculos realizados por la CM favorecen a las empresas concesionarias de los hospitales cuya gestión se quiere privatizar. Cada cambio en la metodología de cálculo favorece a dichas empresas; el hecho de que se realicen estos cambios el año en el que se pretende privatizar la gestión de esos centros nos hace albergar serias dudas (dudas pocas, la verdad) de que sean retoques metodológicos buscando la mejora de los métodos de facturación y no trucos de trilero para incrementar la cápita pagada a dichos centros y hacer más atractiva la oportunidad de asumir la gestión de unos centros frente a la opinión contraria de profesionales y población.
5. Da la sensación de que se ha realizado una planificación inversa de la financiación: primero se han establecido los resultados se financiación que se querían obtener, y después se ha ajustado -deficientemente- el método de cálculo para que se lograra dicho resultado.

Cuando hablábamos de transparencia y participación no nos referíamos a que los sanitarios o o la población tuvieran que hacer sus auditorías independientes... pero no podemos sino reconocer el enorme trabajo llevado a cabo por AFEM.

Mientras tanto, creeremos cada vez con más fuerza que la privatización es un sinónimo de corrupción, y nos acordaremos de esa frase cada vez que hablemos de la Comunidad de Madrid y la privatización de la gestión de hospitales.

Destruyendo el sistema con una hoja de ruta

Ante las dificultades económicas cada vez son más las voces que llaman a la unidad de los diferentes partidos para "mirar hacia delante" (algunos, incluso, evocan la necesidad de un Gobierno de concentración para, según dicen, dejar a un lado las ideologías y trabajar por el beneficio del país). Estas teorías parten de la premisa de que las soluciones que se pueden tomar por el bien del país son independientes de las ideologías y que, la contrariedad mostrada por unos partidos u otros se debe más a intereses partidistas que a la convicción de que ciertas ideologías no hacen sino mermar los poderes públicos y los servicios que estos brindan a los ciudadanos.

Para ilustrar que esto no es así llegan los cursos de verano donde se reúnen diversos cargos políticos (consejeros de sanidad, en este caso) y dejan a la vista de todos una buena parte de su ideario. Reproduzco a continuación algunas de las frases que se pudieron escuchar ayer (y a las que tuvimos acceso gracias a la retransmisión vía twitter de @taitechu) a José Ignacio Echániz, consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de la Junta de Castilla La Mancha (elijo a este entre los tres que tomaron parte ayer en los cursos de verano de la Unviersidad de Jaén por ser el que representa el discurso del partido en el gobierno actual):

• Cada uno que se hace un seguro privado es bienvenido. No vienen a nuestros hospitales.
• La sanidad será universal. El problema es lo que entendemos por universal.
• No existe infrafinanciación en sanidad. Una sociedad tiene la sanidad que puede pagarse.
• Hay elementos para la esperanza, aunque hay que ser conscientes de que nada va a volver a ser igual en sanidad.
• Escenario futuro donde la sanidad siga comiendo parte de la tarta a otros sectores es inviable.
• Somos mayores, tenemos una natalidad preocupante y la biomedicina cada vez es más cara.

El discurso de Echániz y las medidas tomadas por el gobierno en los últimos meses cuadran perfectamente con un texto publicado hace unos meses en el British Medical Journal y que ya se ha convertido en un clásico fundamental: McKee M, Stuckler D. The assault on universalism: how to destroy the welfare state. BMJ 2011:d7973; dada la relevancia de este texto hemos realizado una traducción (perdón por los errores) que se puede leer a continuación:

El asalto a la universalidad from javithink

En el texto se señalan tres pasos que se han de seguir para el desmantelamiento de la universalidad en los servicios públicos; este camino prediseñado sería el siguiente:

1. Crear un grupo identificable de pobres "indignos": en el caso de España éstos serían los inmigrantes indocumentados o los españoles mayores de 26 años que no hayan cotizado nunca previamente.
2. Genera un sistema en el cual los ricos disfruten de pocos beneficios a cambio de los impuestos que pagan: en nuestro caso esto quedaría claramente reflejado en la exclusión de la asistencia sanitaria de aquellas personas con rentas superiores a 100.000 euros que no coticen.
3. Disminuir el papel de los sindicatos, mostrándolos como defensores exclusivos de los intereses de sus miembros en vez de reconocer que las elevadas tasas de afiliación sindical han beneficiado históricamente a la población general: el descrédito a los sindicatos -cuya totalidad de forma intencionada se intenta confundir con la particularidad de los dos sindicatos mayoritarios- es de sobra conocido en nuestro país, habiéndose aprovechado recientemente para eliminar todas las subvenciones a los mismos en algunas Comunidades Autónomas 
4. Tomar decisiones cuyas implicaciones sean poco claras y cuyos efectos sólo sean vistos en el futuro: esto es lo que ocurre con el cambio del sistema sanitario pasando de un sistema basado en impuestos a un sistema basado en cotizaciones, o con la precarización paulatina de los profesionales sanitarios, que ya empieza a dar sus frutos.

Como se puede observar en España vamos dando los pasos marcados por la historia (y explicados por McKee). Algunos de estos aspectos son más fácilmente identificables con el desmantelamiento de los servicios públicos, pero más peligrosos son aquellas afirmaciones que cualquier ciudadano de a pie podría ver como "lógicos"; este es el caso de la afirmación acerca de la alegría que le supone a Echániz que un ciudadano se vaya a recibir asistencia sanitaria a la sanidad privada, por no supones un gasto la sanidad pública. Este será un tema que abordaremos en algún artículo más adelante, por hoy creo que el artículo que hemos traducido deja bastante claro por qué no debe suponer un motivo de alegría.

Nada es casual y no existen alternativas únicas, es importante valorar qué resultados buscan unas y otras opciones. Ya no nos creemos el famoso "there is no alternative".

Textos recomendados (y relacionados):

1.  McKee M, Stuckler D. The assault on universalism: how to destroy the welfare state. BMJ 2011:d7973 [traducción al castellano]
2. Minué-Lorenzo S, García-Gutiérrez JF, Mercader-Casas JJ. Citizen or insured? The assault on universalism in Spain. BMJ:rapid response. Disponible en:  http://www.bmj.com/content/343/bmj.d7973/rr/581612
3. Basu S, Andrews J, Kishore S, Panjabi R, Stuckler D. Comparative performance of private and public healthcare systems in low- and middle-income countries: a systematic review. PLOS 2012. Disponible en:  http://www.plosmedicine.org/article/info:doi%2F10.1371%2Fjournal.pmed.1001244
4. Bilal U, Padilla J. Spanish government expels undocumented migrants from the health care system. Eur J Public Health. E-letter. Junio 2012. Disponible en:  http://eurpub.oxfordjournals.org/content/22/2/267/reply#eurpub_el_343
5. Segura J. Salud pública y algo más: Crisis económicas y salud: cómo minimizar el daño.
6. Minué S. El gerente demediado. Cualquiera de sus entradas merece la pena; por destacar alguna reciente al respecto de este tema: El ahorro altruista.

La representatividad de lo 2.0

El erizamiento de la piel que nos ha venido acompañando en los últimos días, las continuas referencias a #democraciarealya y #acampadasol cuando miraba mi página de twitter o facebook, las conversaCCiones con mis amigos por el chat de GMail, las tardes a las 20.00hrs en la Plaza de la Encarnación de Sevilla viendo a miles de personas corear consignas en las que reclamaban la posibilidad de conformar una nueva realidad, los medios de comunicación dando una importancia creciente al movimiento iniciado el 15 de mayo...

...todo eso podía hacer creer a alguien que tendría su impronta en las elecciones que hoy se celebraron...

una revolución gestada en internet, gestada y alimentada desde internet, pero que puede adolecer de un problema muy 2.0: en internet la representatividad percibida no tiene nada que ver con la representatividad real. La "libertad de elegir" lo que vemos, leemos y escuchamos nos genera una percepción seleccionada de la realidad que nos llega, y es por ello que tendemos a pensar que nuestras posturas se ven sustentadas por una mayor base social que la que realmente está de "nuestro lado".

para generar inquietud, movilización, rabia y coraje, internet es una herramienta insuperable, inigualable para que salte esa chispa. Para hacer que esos valores se extiendan entre las rendijas de la sociedad aún debemos seguir caminando las calles, especialmente las calles que no son surcadas por fibra óptica ni ADSL.

[...dicho esto desde la Ilusión de los primeros pasos y la Esperanza en el horizonte cercano]