La sanidad y el ladrillo: una historia de amor.

Decíamos ayer...

Otro de los casos investigados en la actualidad y con relación parcial con el ámbito sanitario es el de la presunta financiación ilegal del Partido Popular. En los llamados papeles de Bárcenas se encuentran registradas donaciones de empresas a las que posteriormente se concedió la construcción o gestión de algunos de los centros sanitarios de la Comunidad de Madrid. La aparición de empresas de construcción en este entramado es especialmente significativa porque la concesión de contratos para la construcción de estos centros supondría, para ellas, la amortiguación de la estacionalidad de su negocio de construcción.

Eso me dejaron escribir hace unos años en Agenda Pública en un post sobre corrupción y sistemas sanitarios.

Hoy leemos lo siguiente:

Fuente: eldiario.es

Al parecer, en la frase "vamos a construir nuevos hospitales", lo importante no era la parte de los "nuevos hospitales", sino la parte de "construir", y esto trae consigo algunos problemas.

La sanidad que vino a salvar al ladrillo.

1. La industria de la construcción española se estaba quedando sin personas a las que venderle su segunda vivienda a costa de hipotecar a sus nietxs, y necesitaba alguna manera de desestacionalizar sus ingresos económicos.

2. España tenía un marco jurídico perfecto para ello con la Ley 15/97 que posibilitaba las llamadas "nuevas formas de gestión" (que siempre serán nuevas al igual que un móvil nokia de los antiguos será una nueva tecnología).

3. Una sanidad en manos de la propaganda política buscaba una forma de presentar nuevas infraestructuras a la ciudadanía sin incurrir en gastos que le hicieran salirse del marco de control presupuestario impuesto por Europa.

1 + 2 + 3= los centros sanitarios públicos de gestión privada de la Comunidad de Madrid (y de otros sitios, pero el madridcentrismo hoy tiene motivos).

En España, la construcción de nuevos hospitales se realizó para colmar las necesidades de las constructoras, en primer lugar, y de ciertos grupos políticos que necesitaban financiarse y comprar voluntades, en segundo lugar; la planificación basada en necesidades en salud nunca estuvo sobre la mesa.

No es el modelo de sistema sanitario, es que tú no me rentas.

Los defensores incansables de los modelos centrados en la atención primaria. al ver que se construían nuevos hospitales a golpe de gestión privada mientras la red de atención primaria de la Comunidad de Madrid seguía siendo de las más débiles del territorio estatal, saltaron diciendo que seguía sin ponerse a la atención primaria en el centro de sistema, etc, etc, etc.

El asunto es que la atención primaria tiene mucha menor capacidad de extracción de rentas que la construcción de megahospitales con tecnologías a la última, cambios urbanísticos, construcción de aparcamientos,...

En un modelo centrado en la planificación de la industria de la construcción y la compra de la voluntades, la atención primaria o la salud pública son adornos colaterales o, en el caso de modelos PFI (ver explicación aquí), la puerta de entrada para controlar los gastos hospitalarios -por eso en la reasignación del modelo Alzira se incluyó la atención primaria-

Podemos devanarnos los sesos pensando que es que "a nuestros políticos no les interesa la atención primaria" y excusas similares, pero en realidad lo que ocurre es que es la propia atención sanitaria la que no está en en centro de la planificación.

Podrían haber sido centros comerciales en lugar de centros hospitalarios, pero entonces habría sido menos justificable blindar contratos a 20-30 años para asegurar su rentabilidad desde el dinero público. Los hospitales son un negocio perfecto: contratos a largo plazo y prestación de unos servicios tan fundamentales que hacen que ningún gobierno pueda dejarlos caer si ocurren incumplimientos de contratos.

Una vez más, la parasitación público-privada como modelo de gestión de la sanidad pública.

Gestión privada de la sanidad pública: la banca siempre gana.

"Probablemente les sorprenda, pero los ingresos del lado público son más rentable que los del lado privado"

Así de claro se mostraba hace unos meses el Consejero Delegado de Fresenius, la empresa que había comprado Quirón Salud, haciendo gala de sinceridad y clarividencia al mostrar la sanidad privada en nuestro país como un proceso de parasitación de la sanidad pública.

Hoy es el gobierno de la Comunidad de Madrid (Partido Popular) junto con Ciudadanos quien nos nuestra que lo que decía el señor de la frase anterior es totalmente cierto.

Fuente: Acta Sanitaria.

Desde que en 2012 el Partido Popular intentó privatizar la gestión de 6 hospitales en Madrid y de unos cuantos centros de salud, el debate sobre la gestión privada resurgió (recordemos que esto viene de bastante antes, de 1997 al menos) e hizo que muchxs escribiéramos abundantemente sobre ello.

Cuando se habla de los modelos de gestión privada de la sanidad pública se habla de muchas cosas:

1. Por un lado se habla de resultados en salud o de cómo se afecta la equidad, estando bastante establecido que la gestión privada de la sanidad no aporta mejoras en salud y además puede poner en riesgos, según sea el modelo de asistencia sanitaria y la organización territorial de los centros sanitarios, la equidad en el acceso a la asistencia
2. Los aspectos económicos son los segundos que salen a colación, haciéndose comparaciones según estudios de evaluación económica y mostrándose que, desde una perspectiva social, no parece nada justificado ampararse en la eficiencia para defender la gestión privada de centros públicos.

Sin embargo hay un aspecto por el que, desde la perspectiva del financiador público, debería renunciarse a la privatización de la gestión de centros sanitarios privados: la gestión del riesgo.

El modelo actual más utilizado de gestión privada a nivel hospitalario es el modelo PFI (Private Financing Initiative o Iniciativa de Financiación Privada), según el cual una empresa privada (un conjunto de empresas privadas, que como buena historia que es, también aquí tiene que tener algún papel una constructora) construye un hospital y a cambio se le concede la gestión (también llamada explotación) de sus servicios clínicos y no clínicos durante un periodo de tiempo (20 años en principio) a cambio de un dinero anual por habitante (la llamada cápita).

La justificación que se da desde las personas que creen que los modelos PFI molan y que deberíamos expandir su uso es que se permite poner a disposición de la población nuevas infraestructuras sin incurrir en incrementos del gasto público, haciendo una transferencia del riesgo financiero que supone una inversión de este tipo y a cambio de un gasto más o menos fijo en concepto de cápita. Además, los gastos en los que se incurría en estos contratos no computaban, en teoría, en el déficit público, de modo que parecía una estrategia win-win así contada.

La realidad es que, por un lado lo de que no compute como deuda acabó siendo mentira puesto que a la hora de la verdad pudimos ver cómo la troika le dijo a Portugal que la vinculación y el anclaje que suponían los contratos de sus modelos PFI eran de tan calado que debían computar en el déficit. Por otro lado, y más importante, no existe ninguna transferencia de riesgo.

Cuando Ribera Salud o la Fundación Jiménez Díaz (esta última con un modelo diferente) han necesitado un rescate o un cambio en la cápita, se ha hecho; los centros sanitarios y los contratos firmados para su gestión cumplen la máxima de TOO BIG TO FALL (DEMASIADO GRANDES PARA CAER) y tienen un elevado nivel de blindaje a nivel contractual.

Y esto ¿qué tiene que ver con la subida presupuestaria tan diferente entre centros públicos y centros privados? Resulta que el cierre maravilloso de la falta de transferencia de riesgos está en que el beneficio de los centros de gestión privada está bien blindado por la vía contractual; aunque los pliegos no gozan de la transparencia que debería desearse dentro de la gestión de un servicio público, sí que se sabe que, por ejemplo, el acuerdo de financiación del hospital de Valdemoro (gestión privada) incluía una financiación anual incremental del IPC+2 puntos. Es decir, con los hospitales de gestión pública directa se haría lo que fuera, recortando si fuera preciso para cuadrar las cuentas, pero la financiación de los centros de gestión privada quedaba bien cubierta a muchos años vista.

Privatizar la gestión de la sanidad pública supone transferir el poder de planificación, control y gestión a empresas privadas sobre las cuales las administraciones públicas no tienen apenas capacidad de actuación.

Eso es precisamente lo que debería hacer que se dejaran atrás debates sobre la no inferioridad o la inferioridad de uno u otro modelo y se apostara por una gestión pública efectiva, segura, eficiente, que rinda cuentas y que se atraviese de las herramientas de control democrático propias de los servicios públicos de una sociedad que también lo sea.

Por cierto, el gasto en hospitales de gestión privada crece un 6.1%, el de los hospitales de gestión pública un 2.5%... y el de la Atención Primaria un 2.2%... se hable de lo público o de lo privado, la atención primaria siempre pierde.

Cobrar a los pacientes por las consultas no arreglará los problemas del sistema.

Una idea que "flota en la superficie de vez en cuando, como la esteatorrea". Esa maravillosa definición de las ideas de implantar copagos a la asistencia sanitaria nos ha gustado tanto que hemos decidido traducir el artículo de Margareth McCartney "Charging patients won't solve the NHS's problems" (Cobrar a los pacientes no resolverá los problemas del NSH -que es el Sistema Nacional de Salud británico-).

Un artículo corto y claro, y que incide en eso en lo que hemos incidido en ocasiones en este blog y que nos parece fundamental: la idea de transferir cobros a los usuarios es una medida tan cortoplacista e injusta como maravillosamente cutre, que no denota haber pensado demasiado en formas más equitativas, efectivas y sostenibles de asegurar la viabilidad financiera del sistema sin joderle la vida a esa gente que sale en las estadísticas pero no en mi barrio. 

En fin, ahí va la traducción.

Cobrar a los pacientes no resolverá los problemas del NSH.

Ha vuelto: cobremos a los pacientes por las citas para sus GP [nota: los GP, o General Practitioners, son el equivalente a los médicos de familia en España]. Esta idea flota en la superficie de vez en cuando, como la esteatorrea. Los think tanks lo proponen de forma puntual, y luego hace su aparición en los titulares de las noticias12. Los GPs son encuestados y algunos opinan que podrán deshacerse de consultas "banales"3. Otros dicen que ayudará a cuadrar los balances.4

Ahora tenemos al líder de un comité médico local proponiendo cobros por cualquier cita rutinaria realizada fuera de las horas de oficina5. En Irlanda del Norte la carga de trabajo en atención primaria es tan alta que esa propuesta se convertiría en la creación de una empresa privada extra-NHS en la cual la mayoría de la gente tendría que pagar por sus citas.
Como solución al incremento de la presión asistencial sobre los servicios de salud, la idea de cobrar a los pacientes por las consultas es errónea. Los estudios RAND realizados en el sistema sanitario de los EEUU en los años 80 mostraron que, en condiciones de aleatorización, la gente que recibía asistencia sanitaria bajo modelos de costes compartidos se comportaba de manera diferente a quienes la recibían de forma gratuita*. Los modelos de aseguramiento de coste compartido redujeron el acceso a la asistencia sanitaria de la población pobre; aquellos que tuvieron que pagar, vieron a su doctor con menos frecuencia, tanto si requerían intervenciones de alto o de bajo coste.6. En la República de Irlanda, donde la mayor parte de la población tiene que pagar para ver a su GP, menor gente ve a un médico cuando tiene un problema médico que los pacientes del NHS de Irlanda del Norte.7

Permitir que el acceso de las personas al dinero sea el factor que regule el acceso al sistema sanitario refuerza la ley de cuidados inversos, la cual debería haber sido revertida por el NHS. Para aquellos que puedan pagar la asistencia sanitaria, ello les llevará al sobrediagnóstico y el sobretratamiento, convirtiendo a personas en pacientes cuando no necesitan serlo. Para aquellos que no pueden permitirse pagar, evitará que reciban la asistencia que necesitan.
Además, tenemos el asunto de la burocracia. Cuando mi hijo y yo acudimos a una consulta del dentista del NHS el otro día, necesitó 8 firmas mías, 12 hojas de papel y la misma cantidad de tiempo gastado en recepción rellenando formularios que luego sentados en la silla del dentista. ¿Realmente queremos gastar más dinero y tiempo creando, gestionando y revisando derechos a prestaciones y números de tarjetas de crédito? Los problemas a los que se enfrenta la medicina de familia necesitan de soluciones que provean financiación estable y sostenible, no propuestas mal concebidas como cobrar a los pacientes por las consultas.Si perdemos la atención primaria, perdemos el NHS. Pero ese desastre sería una elección política, no algo inevitable.

Sanidad y privatización: los caminos de vuelta.

En España siempre nos hemos vanagloriado de nuestro sistema público de salud, enfatizando lo de público y sin entrar demasiado a desgranar cómo de público era realmente y cuáles eran las derivas por las que transitaba en lo que respectaba a la titularidad pública o privada de su gestión/provisión, su financiación, su control y su propiedad (que son los cuatro aspectos que se suelen analizar al hablar de lo público y lo privado en sanidad).

El año 1997 puso un hito en la entrada de las empresas privadas en el sistema sanitario público, con la aprobación de la Ley 15/97 de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud (apoyada de todos los partidos políticos que por entonces estaban en el congreso de los diputados salvo Izquierda Unida y el BNG) se abrió la puerta a que empresas privadas pudieran gestionar servicios sanitarios públicos, y poco después la Generalitat Valenciana concedió a la Unión Temporal de Empresas Ribera Salud la gestión del Hospital de La Ribera, y con ello dio el pistoletazo de salida al denominado "Modelo Alzira".

El Modelo Alzira se ha utilizado como paradigma de lo que hacer y de lo que no hacer dependiendo del signo político de quien lo juzgara, pero una de sus características fundamentales ha sido su opacidad (como resaltó un informe del National Health Service que lo evaluó para valorar qué podían introducir de este modelo dentro de su sistema sanitario) tanto en lo contractual como, fundamentalmente, en la evaluación de sus resultados en salud; a este respecto conviene leer a Meneu y Peiró en este artículo de Nada Es Gratis donde exponen un estudio de evaluación llevado a cabo por su parte hace pocos años).

Desde finales de los años 90 la introducción de criterios empresariales en la gestión de las instituciones públicas (gerencialismo) se ha expandido por todas las Comunidades Autónomas, en algunas dentro de la gestión pública (como el caso de Andalucía, utilizando las Empresas Públicas o las Unidades de Gestión Clínica como formas de expansión del gerencialismo dentro de la gestión pública) o mediante el desarrollo de formas privadas de gestión (siendo la Comunidad de Madrid y Cataluña auténticos parques temáticos de formas de gestión sanitaria con inclusión de la empresa privada). Tras ese periodo de expansión hubo una cierta estabilización en lo que a las formas de gestión se refiere (especialmente tras los intentos fallidos de privatización de la gestión de 6 hospitales públicos en Madrid) y en los últimos tiempos empezaron a tomar fuerza las iniciativas de reconversión a fórmulas de gestión pública de algunas de las entidades cuya gestión se privatizó. [*Recomendamos este artículo de AMF y este de FMC sobre modelos de gestión, así como este texto de Diagonal sobre lo expuesto por el grupo de Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad]

¿Y el Modelo Alzira? Pues ese modelo, emblemático porque la empresa Ribera Salud no solo gestionaba el hospital de la zona sino también los centros de atención primaria (todo sea dicho, puestos a gestionar algo, al menos que te dejen gestionar también la puerta de entrada a lo que gestionas), parece que está llegando a su fin. La Generalitat Valenciana ha mostrado su firme propósito de pasar los centros del modelo Alzira a la gestión pública, y lo más probable es que sea la fórmula de la empresa pública la que sea más beneficiosa no solo para la institución pública sino especialmente para los/as trabajadores/as que desempeñan allí sus labores.

Contra esto la empresa gestora lleva tiempo intentando moverse y ha convocado una jornada donde defenderá su gestión y vendrá a decir que el entramado jurídico para la reversión de la concesión es muy complejo y que no ha lugar a ello. 

Seguramente también dirán que hay que desideologizar la política sanitaria, que en los tiempos en los que la iniciativa privada aumentaba su cuota de mercado en la gestión sanitaria de los servicios públicos todo era técnica aséptica desprovista de valores, sin injerencias corruptelares y por el bien de la población, no como ahora que la sanidad se ha teñido de ideología contra el bien de los pacientes y del capital (o algo así).

En los centros gestionados por empresas privadas se han hecho (y se hacen) cosas maravillosamente bien. Mejor que en los gestionados de forma directamente pública. También se han hecho (y se hacen) cosas tremendamente mal. Peor que en los gestionados de forma directamente pública. Pero la tendencia de la que hablamos no va de eso; va de que mientras a nivel macro (Unión Europea) se tejen redes que protegen la iniciativa privada en la gestión de los servicios públicos, en nuestro país hay una fuerza creciente (en lo social, y tal vez también en lo político) que piensa que los servicios públicos han de ser gestionado desde lo público o, mucho mejor, desde lo común, y que las empresas con ánimo de lucro parecen quedar notablemente lejos de ese objetivo.

Tu cáncer te lo cura Zara: Sistema Nacional Patrocinado de Salud.

A menudo nos encontramos con jornadas, artículos y folletos propagandísticos que hablan de cómo fortalecer la colaboración-público-privada (dicho rápido y sin respirar) en el ámbito sanitario. Esa misma colaboración público-privada que ha hecho que en España la sanidad privada sea un sector que funciona con un fuerte dopaje institucional (en forma de conciertos y similares) y que, aunque sea menos fomentado, ha hecho que la sanidad pública sea un ente inane por la fuerte restricción presupuestaria (la de siempre, pero especialmente la que en los últimos años ha disminuido el gasto en un 20%) pero que utiliza para complementarse algunas interacciones con la privada que ahora comentaremos.

Esta introducción nos ha venido a la cabeza tras leer el siguiente titular (que encabeza esta noticia):

En el titular se les ha olvidado poner que será la Fundación Amancio Ortega (es decir, el ente encargado de lavarle la cara a la imagen de Zara) quien pagará 40 millones de euros para que el Sistema Andaluz de Salud cuente con esos aceleradores lineales para radioterapia.

Nos encontramos entonces con una realidad singular:

• Una fundación que ejerce de brazo para la responsabilidad social corporativa de una empresa privada (o de su dueño-fundador) dona dinero de forma desinteresada (ejem, ejem) y de esa manera muestra el compromiso que tiene con la sanidad pública y con la salud de la población española.
• Lo dona a un sistema sanitario público; la presidenta de la Comunidad Autónoma en cuestión se despacha con e lsiguiente posicionamiento:
• Susana Díaz, que ha agradecido el "compromiso social" de la Fundación Amancio Ortega con el sistema sanitario público andaluz, ha destacado su compromiso presente y futuro con la sostenibilidad del sistema, que -en su opinión- es el "orgullo" de los andaluces y una garantía de igualdad de oportunidades.

El problema es que más allá de lo que sale en la foto de la noticia existen otras dos realidades que ayudan a entender mejor lo que ocurre:

• El Sistema Andaluz de Salud recibe esos 40 millones de inversión pero Andalucía es la Comunidad Autónoma con un menor gasto sanitario por habitante desde hace años; no solo esto, sino que es de las CCAA que más recortes ha aplicado en este sector desde el inicio de la crisis económica. Cuando se pregunta el porqué, los argumentos oscilan entre (I) la insuficiente financiación vía transferencias de recaudación impositiva que les llega desde el Gobierno Central y (II) la maravillosa gestión económica realizada a nivel regional que les permite dar mejores servicios que nadie en el país con la menor financiación de todas.
• Una fundación vinculada a una empresa sobre la que han caído mil y una acusaciones de montar un entramado societario complejo para pagar menos impuestos en España de los que le corresponderían si actuase sin hacer sobreesfuerzos para evadir los miniesfuerzos del fisco español.

Resumiendo, y por si no hubiese quedado muy claro: Zara da limosnas, a través de su fundación, a una Sanidad Pública que en parte está infrafinanciada porque las grandes empresas evaden contribuir a financiarla vía impuestos. El eterno dilema: caridad frente a justicia social (o su representante en el mundo fiscal, la justicia tributaria).

Este modelo de interacción público-privada según el cual los servicios sanitarios públicos adquieren material clínico para uso diario que, de ser necesario, debería ser financiado por los presupuestos de los servicios de salud es algo relativamente frecuente y que tiene su expresión más común en dos fenómenos que explicaremos a continuación:

• Las becas de investigación y la actividad clínica: en algunos Servicios Autonómicos de Salud (Andalucía es un ejemplo de ello) una de las pocas posibilidades que un médico joven recién terminada la especialidad lograra un trabajo en un hospital era por medio de una beca de investigación que bien podía hacer que se dedicara a la investigación o bien haría que se dedicara a hacer trabajo clínico con la investigación como excusa. Generalmente esas becas son vehiculizadas por una Fundación de Investigación con titularidad pública, pero en muchas ocasiones los fondos son estrictamente privados (empresas farmacéuticas, de diagnóstico, aseguradoras, ...). Esto nos lleva a una situación en la cual la infradotación de personal contratado por los cauces habituales (bolsa de trabajo, oposición, concurso, loquesea) se ve sustituida por la dotación de personal para investigación cubriendo tareas asistenciales y con criterios de selección que pueden bypassear los mecanismos estandarizados (que nos gustarán más o menos -casi siempre menos-, pero son los mismos para todo el mundo).
• El posicionamiento de medicamentos y la subvención privada a hospitales públicos: uno de los mecanismos que tiene la industria farmacéutica para posicionar sus medicamentos es regalarlos (venta a coste 0€) a los hospitales para que estos se vean incentivados en su uso y los receten para cuando el paciente sea dado de alta, de modo que el hospital no gasta nada en esos medicamentos y ese gasto se ve transferido a la Atención Primaria que tiene que lidiar con medicamentos de alto coste (generalmente), crónicos y cuya indicación tal vez no sea muy adecuada al entrar el factor coste en una ecuación que es distinta a la del hospital (porque el factor coste se ha visto eliminado en ese nivel). Este método de introducción de nuevos medicamentos y expansión de su uso tiene tantos incentivos perversos que uno no sabe por donde empezar, así que nos quedaremos en subrayar que es otra forma de subvención de un sistema infradotado por parte de una industria que, en este caso, ni siquiera está aliviando los costes del sistema, sino que está financiando a una microparte del mismo (hospital) para sobrecargar económicamente a otra parte del conjunto (Atención Primaria).

Cuando la filantropía empresarial entra en unos sistemas públicos de salud que han reducido su financiación hasta los límites de la sostenibilidad externa el mango de la sartén no está en las instituciones.

Privatización, corrupción y transparencia: la lucha contra los trileros

La privatización es sinónimo de corrupción, decían Mercedes Pérez y Juan Gérvas en diversos medios hace poco tiempo. Esa afirmación se empeña en demostrarse cierta, y ha tomado la privatización de la gestión de 6 hospitales de la Comunidad de Madrid ("CM" en adelante) como ejemplo a través del cual mostrarse a la sociedad.

Comentábamos en un texto en eldiario.es que 

En los textos que podemos encontrar en la literatura científica acerca de cómo abordar, reducir y evitar la corrupción sanitaria se plantea como una constante la necesidad de garantizar una rendición de cuentas sobre el uso dado a los recursos públicos, creando los mecanismos de transparencia y evaluación del desempeño de los proveedores sanitarios (públicos o privados) que permitan escrutar de forma efectiva la relación entre inputs y outputs sanitarios.

Así mismo, es necesario que esta transparencia sea controlada y participada por la ciudadanía, implicándola no sólo en la recepción de información por parte de los directivos y políticos, sino haciendo que sea parte de la toma de decisiones sanitarias y del diseño del sistema, tanto en su estructura como en el establecimiento de qué sistema sanitario podemos permitirnos.

 La corrupción supone un robo a la ciudadanía; cuando se produce en los servicios públicos de protección social, cuya utilidad en estos momentos es amortiguar los efectos de la crisis económica, ese robo puede tener un efecto amplificado. Es por ello que podemos afirmar que la corrupción sanitaria cuesta vidas.

 Las letras en negrita no estaban en el texto original, sino que las hemos añadido ahora a raíz de algo que sucedió ayer. La Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) dio a conocer en el día de ayer un informe titulado "Cálculo del coste de la asistencia sanitaria en Madrid", que viene a ser una auditoría a los cálculos realizados por el Gobierno de la CM para establecer los pagos que se realizarán a las empresas concesionarias de los hospitales cuya gestión se pretende privatizar. Tuve la fortuna de poder leer con anterioridad los datos del informe y os resumo a continuación los aspectos que me parecieron más destacados (aunque os recomiendo encarecidamente su lectura porque es un documento muy ilustrativo y sencillo de seguir):

1. La CM llevó a cabo en 2011 un método para calcular la facturación intercentros (uno de los aspectos clave en los cálculos de la capita de cada centro) y lo cambió para el año 2012 sin explicar el porqué de ese cambio. Curiosamente, con ese cambio salían beneficiados todos los hospitales cuya gestión se pretende privatizar.
2. Los cálculos de la CM carecen de coherencia interna, habiendo incongruencias mayúsculas en datos de años consecutivos. Además, esa falta de coherencia interna toma su máxima expresión en los desequilibrios contables que hacen que, en un sistema -mayormente- cerrado como es el hospitalario en lo relativo a la facturación intercentros, haya un desequilibrio contable cuyo agujero -millonario- no queda expresado en ningún registro.
3. Se utilizan valores de precios públicos de 2009 para realizar los cálculos de las cápitas pero la facturación intercentros se llevará a cabo con precios de 2013, de forma que, según el informe AFEM, se estima que se está regalando un 2% del total de la facturación intercentros por la realización de este artificio metodológico.
4. Todos y cada uno de los aspectos controvertidos, desde el punto de vista metodológico, que aparecen en los cálculos realizados por la CM favorecen a las empresas concesionarias de los hospitales cuya gestión se quiere privatizar. Cada cambio en la metodología de cálculo favorece a dichas empresas; el hecho de que se realicen estos cambios el año en el que se pretende privatizar la gestión de esos centros nos hace albergar serias dudas (dudas pocas, la verdad) de que sean retoques metodológicos buscando la mejora de los métodos de facturación y no trucos de trilero para incrementar la cápita pagada a dichos centros y hacer más atractiva la oportunidad de asumir la gestión de unos centros frente a la opinión contraria de profesionales y población.
5. Da la sensación de que se ha realizado una planificación inversa de la financiación: primero se han establecido los resultados se financiación que se querían obtener, y después se ha ajustado -deficientemente- el método de cálculo para que se lograra dicho resultado.

Cuando hablábamos de transparencia y participación no nos referíamos a que los sanitarios o o la población tuvieran que hacer sus auditorías independientes... pero no podemos sino reconocer el enorme trabajo llevado a cabo por AFEM.

Mientras tanto, creeremos cada vez con más fuerza que la privatización es un sinónimo de corrupción, y nos acordaremos de esa frase cada vez que hablemos de la Comunidad de Madrid y la privatización de la gestión de hospitales.

¿El PP de Madrid censurando comentarios?... no creo...

Esa imagen es de la página del Partido Popular de Madrid en un intento de hacer contracampaña frente a todos los que nos dedicamos a "engañar" (gente tan malvada como Julio Bonis, Roberto Sánchez, yo mismo o Antonio Burgueño -porque lo que dice en ese vídeo Burgueño es lo que decimos el resto que van a hacer, ni más ni menos, lo contrario de lo que dice el PP en su página-).

Intenté dejar un comentario en dicha página, pero no sólo no aparece, sino que hay publicados comentarios posteriores al mío [aquí está la captura de pantalla del comentario]

No hace mucho tiempo desde que Juan José Güemes ofrecía "oportunidades de negocio" para las empresas privadas en la sanidad pública. Se puede intentar negar, pero las hemerotecas digitales ponen a nuestra disposición esos documentos de forma inmediata y los blogs y redes sociales permiten publicar estos comentarios que ellos quieren acallar.

No sé si vencerán, pero está muy claro que no convencerán.