Si el paciente no va a pagar, ¿de qué preocuparse?

Sabemos que en los hospitales públicos de gestión privada el paciente no tiene que ir con la tarjeta de crédito a la consulta. Sabemos que hay médicos de la pública que trabajan en la privada. Sabemos que hay médicos que sólo trabajan en la privada y no creemos que sean el demonio ni que no tengan formación ni que (inserte aquí la tontada que desee). 

Sabemos que hay quien hace creer que toda movilización en defensa de la sanidad pública es una estrategia del PSOE para ganar votos (La Razón). Sabemos que hay quien ejemplifica a la perfección el concepto de acumuliación por desposesión en artículos que de simples no merecen ni un análisis (El Confidencial). Sabemos que hay quien para defender su modelo de gestión coacciona a sus trabajadores (que, afortunadamente no son funcionarios y son de esos que "se tienen que ganar el trabajo día a día" -donde pone "ganar" puede sustituirlo por "bajar la cabeza y decir sí-a-todo") para que muestren en público que son muy felices y su empresa es superguay.

Pero por favor, no cambiemos el foco de lugar. El motivo del debate es (y de esto ya hablamos aquí):

1. Si la gestión privada de la sanidad va a aportar una mayor salud a la población (efectividad).
2. Si la gestión privada de la sanidad va a resultar menos costosa (costes).
3. Si los resultados aportados por la gestión privada de la sanidad van a producirse a unos menores costes (eficiencia).

Pilar García de la Granja lo explica muy bien en su artículo:

¿Dónde está el conflicto? Pues en realidad es simple. El Estado durante años se dedica a acumular (invertir) infraestructuras (edificios, tecnologías,...) para que, una vez hecha esa inversión inicial, transferir lo obtenido para que empresas privadas lo gestionen y se lucren con ello [con límites de lucro determinados que, por contrato, suelen oscilar entre el 6 y el 8%, todo sea dicho].

Otro conflicto está cuando para no endeudarse (palabra tabú a día de hoy) le pides a una empresa que te construya ella las infraestructuras y tú a cambio le dejas que explote los servicios sanitarios y no sanitarios del centro sanitario que va a construir, durante unos años... y cuando se pasan esos años, si no ha obtenido beneficios pues le prorrogas el contrato.

El conflicto, en general, es que se otorga a una empresa 

privada el monopolio de explotación de un bien público, sabiendo que el Estado es el que corre con los riesgos.

Así que, compañeros que trabajan en la privada,, pacientes a los que una vez operaron de apendicitis en la Fundación Jiménez Díaz, señoras que compran en periódico en la tienda que hay a la entrada del hospital privado de su barrio, enfermeros con trabajos a turnos imposibles en 8 centros de titularidad y gestión distinta cada uno,..., nuestro problema no es con ustedes... de lo que estamos hablando es de algo a lo que poner nombre y apellidos no es tan fácil porque, como casi siempre, simplificar (y llevar a la anécdota) problemas complejos no nos lleva más que a la confusión y el malentendido.