La sanidad y el ladrillo: una historia de amor.

Decíamos ayer...

Otro de los casos investigados en la actualidad y con relación parcial con el ámbito sanitario es el de la presunta financiación ilegal del Partido Popular. En los llamados papeles de Bárcenas se encuentran registradas donaciones de empresas a las que posteriormente se concedió la construcción o gestión de algunos de los centros sanitarios de la Comunidad de Madrid. La aparición de empresas de construcción en este entramado es especialmente significativa porque la concesión de contratos para la construcción de estos centros supondría, para ellas, la amortiguación de la estacionalidad de su negocio de construcción.

Eso me dejaron escribir hace unos años en Agenda Pública en un post sobre corrupción y sistemas sanitarios.

Hoy leemos lo siguiente:

Fuente: eldiario.es

Al parecer, en la frase "vamos a construir nuevos hospitales", lo importante no era la parte de los "nuevos hospitales", sino la parte de "construir", y esto trae consigo algunos problemas.

La sanidad que vino a salvar al ladrillo.

1. La industria de la construcción española se estaba quedando sin personas a las que venderle su segunda vivienda a costa de hipotecar a sus nietxs, y necesitaba alguna manera de desestacionalizar sus ingresos económicos.

2. España tenía un marco jurídico perfecto para ello con la Ley 15/97 que posibilitaba las llamadas "nuevas formas de gestión" (que siempre serán nuevas al igual que un móvil nokia de los antiguos será una nueva tecnología).

3. Una sanidad en manos de la propaganda política buscaba una forma de presentar nuevas infraestructuras a la ciudadanía sin incurrir en gastos que le hicieran salirse del marco de control presupuestario impuesto por Europa.

1 + 2 + 3= los centros sanitarios públicos de gestión privada de la Comunidad de Madrid (y de otros sitios, pero el madridcentrismo hoy tiene motivos).

En España, la construcción de nuevos hospitales se realizó para colmar las necesidades de las constructoras, en primer lugar, y de ciertos grupos políticos que necesitaban financiarse y comprar voluntades, en segundo lugar; la planificación basada en necesidades en salud nunca estuvo sobre la mesa.

No es el modelo de sistema sanitario, es que tú no me rentas.

Los defensores incansables de los modelos centrados en la atención primaria. al ver que se construían nuevos hospitales a golpe de gestión privada mientras la red de atención primaria de la Comunidad de Madrid seguía siendo de las más débiles del territorio estatal, saltaron diciendo que seguía sin ponerse a la atención primaria en el centro de sistema, etc, etc, etc.

El asunto es que la atención primaria tiene mucha menor capacidad de extracción de rentas que la construcción de megahospitales con tecnologías a la última, cambios urbanísticos, construcción de aparcamientos,...

En un modelo centrado en la planificación de la industria de la construcción y la compra de la voluntades, la atención primaria o la salud pública son adornos colaterales o, en el caso de modelos PFI (ver explicación aquí), la puerta de entrada para controlar los gastos hospitalarios -por eso en la reasignación del modelo Alzira se incluyó la atención primaria-

Podemos devanarnos los sesos pensando que es que "a nuestros políticos no les interesa la atención primaria" y excusas similares, pero en realidad lo que ocurre es que es la propia atención sanitaria la que no está en en centro de la planificación.

Podrían haber sido centros comerciales en lugar de centros hospitalarios, pero entonces habría sido menos justificable blindar contratos a 20-30 años para asegurar su rentabilidad desde el dinero público. Los hospitales son un negocio perfecto: contratos a largo plazo y prestación de unos servicios tan fundamentales que hacen que ningún gobierno pueda dejarlos caer si ocurren incumplimientos de contratos.

Una vez más, la parasitación público-privada como modelo de gestión de la sanidad pública.

Fondos de compensación, vacunas y no-hables-de-eso.

Ayer salió una noticia en Redacción Médica titulada "Podemos propone un fondo nacional para pagar "daños" provocados por vacunas". En realidad el titular debería haber sido algo así como "Unidos Podemos - En Comú Podem - En Marea preguntan al gobierno qué opina de los fondos de compensación por acontecimientos adversos relacionados  con las vacunas", pero entiendo que es más largo y menos atrayente para quien va a hacer click, aunque lo cierto es que ni se trata de una propuesta ni nada.

Como aquí somos muy de hacer del defecto virtud, vamos a intentar explicar en qué consiste esto a partir de estos titulares, metiéndonos un poco más allá en estos temas de seguridad vacunal, inferencia causal y tal.


¿Qué singularidad ética tiene la seguridad de las vacunas para que sea tratada de forma independiente?

Una de las cosas que surgen al oir hablar de compensación de daños derivados de la vacunación es la pregunta de "¿y por qué no de otros medicamentos? ¿por qué no compensar los daños producidos por problemas de seguridad de los nuevos anticoagulantes orales? ¿por qué no con la quimioterapia?".

Pues bien, la respuesta es sencilla y tiene dos aspectos fundamentales. Primero, porque las políticas de vcunación son actividades de salud pública cuyo beneficio no se centra en la persona vacunada, sino en la sociedad (la colectividad) en la que esta persona se inserta; es decir, en los programas de vacunación se da la circunstancia de que se quieren lograr altas tasas de vacunación exponiendo a población individual a una actividad cuyo beneficio lo obtendrán colectivos. Segundo, porque las vacunas se administran, por lo general, en población sana que además no es el foco principal de la vacunación.


¿Por qué dices eso de que la vacunación no se hace pensando en el beneficio para la persona individual?

La inmunidad de rebaño podría ser abordado como un ejemplo de bien común en el cual se establecen una serie de obligaciones y de derechos por parte de una comunidad en torno a un bien. La persona que se vacuna lo hace guiada no solo por el beneficio individual que esto le puede reportar, sino también por el mandato colectivo (no coercitivo desde lo institucional, en la  mayoría de los países) de mantener protegidas a las personas que no se pueden vacunar (el caso más paradigmático en relación a este mandato colectivo sería la protección de niñxs con problemas inmunológicos que no pueden ser vacunadxs, por ejemplo).

Este es un aspecto fundamental, porque si creemos que es la colectividad la que se beneficia de la inmunidad generada por la vacuna, también tenemos que creer que es la colectividad la que ha de dar respuesta (compensatoria) cuando la búsqueda de dicha inmunidad genera algún problema en la persona individual.


¿Estás diciendo con esto que las vacunas no son seguras?

En absoluto; las vacunas son de los productos sanitarios con menor tasa de efectos adversos, pero tienen la singularidad de ser el producto sanitario con una mayor extensión en su aplicación, de modo que incluso con una tasa de bajos efectos adversos puede ser que alguno se haga presente.

Todos los medicamentos y vacunas tienen efectos adversos, y quien diga que no es que no he leído nunca ningún ensayo clínico de seguridad y ni siquiera ha repasado una ficha técnica de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) o de la Agencia Europea del Medicamento (EMA).


Pero, ¿cómo se establece si un problema de una persona es un evento adverso derivado de una vacuna?

El establecimiento de la causalidad en la relación vacuna --> evento adverso es compleja; ponemos a continuación 4 diapositivas utilizadas en un congreso de la Sociedad Española de Epidemiología en una ponencia sobre seguridad de la vacuna frente al virus del papiloma humano, que trata de evidenciar que el modelo de atribución de la causalidad utilizado (y propuesto por la  OMS) en el ámbito de la seguridad de las vacunas es un modelo probabilístico que se lleva mal con la polarización existente en la opinión pública de hoy... pero bueno, es que nadie dijo que esto fuera fácil.

Entonces, ¿los fondos esos son una forma de judicializarlo todo o qué?

No exactamente... al igual que no ha supuesto una judicialización del acto vacunal en ninguno de los países donde ya se ha implantado (existen 19 experiencias en países como Francia, Alemania, Dinamarca o Estados Unidos).

José Tuells publicó en el año 2013 un artículo en la revista Medicina Clínica donde hablaba de razones por las que implantar un fondo de este tipo, ilustrándolo con la siguiente tabla -el artículo tiene otra tabla donde se listan los fondos de los diferentes países y sus caracterísitcas-:

Tuells J. 2013. Medicina Clínica.

En dicho artículo Tuells afirma:

En 2005, en el Reino Unido hubo 4 favorables de 106 presentadas, en Nueva Zelanda, durante el periodo 1992-2000, 77 de 293, y en Alemania, durante el periodo 1961-2001, alrededor de 4.000 demandas. Estos datos muestran que el número de reclamaciones, aunque con variaciones entre países, puede situarse en una cifra en torno a las 100 por año, siendo el número de compensadas mucho menor.

En otro artículo de 2016 titulado "controversias sobre vacunación en España, una oportunidad para la vacunología social", publicado en Gaceta Sanitaria, Tuells concluía con el siguiente párrafo:

Los salubristas, en defensa de la vacunación, deben fomentar la transparencia, buscar la evidencia de forma independiente e investigar en seguridad vacunal. Tienen que convencer a las autoridades sobre la necesidad de monitorizar los efectos adversos, crear un fondo compensatorio por daños derivados de las vacunas, hacer realidad un calendario único infantil y asumir la responsabiliad de formar en vacunología.

Esta no es la primera crisis de las vacunas. Hay que modificar las estrategias con políticas activas y transmitirlas con mensajes eficaces que reduzcan las dudas, poniendo en valor la vacunología social, un enfoque para construir la confianza a través del debate racional y persuasivo.

Pero... ¿esto no puede fomentar el rechazo a las vacunas?

En general, establecer estructuras que hagan ver a la gente que si tiene problemas con una actividad recomendada por el Estado (la vacunación) y por la cual el Estado tiene gran interés (por aquello de ser de las actividades de salud pública con mayor impacto en la morbimortalidad -sobre todo la infantil-) camina hacia una dinámica de restitución y compensación que debería ser básica en una sociedad democrática.

En nuestro país el rechazo a las vacunas no está muy claro que esté creciendo; las preguntas realizadas al respecto en el Barómetro Sanitario de 2016, elaborado por el CIS, daban cifras menores -notablemente menores- de duda vacunal a las realizadas en 2015, y no hay muchos más datos epidemiológicos válidos sobre la duda vacunal. A este respecto recomendamos la lectura completa, aún no disponible, del trabajo de investigación que realizamos unxs cuantxs en Granada.

Los países con mayores tasas de vacunación del mundo presentan programas de compensación de daños por efectos adversos de vacunas, donde el eje en su implantación no es el concepto efectos adversos de vacunas sino el concepto compensación, porque es una herramienta para lo que comentaba Tuells más arriba, "políticas activas [...] para construir la confianza a través del debate racional y persuasivo".

En ocasiones nos da la sensación de que ejercemos una tutela paternalista sobre la población creyendo que cualquier evidencia de gris entre los polos "las vacunas no tienen ningún efecto segundario ----- las vacunas son el mal y están hechas para controlarnos y llenarnos de sustancias sintéticas" supone una disminución de la cobertura vacunal y una amenaza a la vacunación porque la gente no lo va a entender, pero no hay pruebas de esto, sino lo contrario, que son las estrategias de comunicación vertical, monolíticas, opacas y simplistas las que acaban influyendo en esas desconfianzas (véase la campaña de comunicación que rodeó a la vacuna de la gripe A, que es la que más bibliografía tiene escrita al respecto).

Las políticas de vacunación nunca podrán ser comparadas con intervenciones basadas en medicamentos porque las primeras son políticas de salud pública, de base poblacional y con intervención sobre población sana que no siempre es el objetivo del beneficio a conseguir, mientras que el contrato presente en las intervenciones clínicas con medicamentos tienen base individual, en relación semi-cerrada y con paciente "enfermo" (y el uso de comillas es solo forma de ilustrar los márgenes difusos del concepto); así que más pedagogía sobre la vacunación y menos dogmatismo de púlpito y mano en la boca al grito de "ANATEMA" cuando alguien plantea asuntos intelectualmente incómodos. Aquí somos muy del púlpito -y muy de la vacuna y mucho más de la salud pública-, pero intentaremos no utilizarlo para agrandar brechas.

Salmo responsorial: devolver la libertad y responsabilidad individual.

Devolver la libertad y responsabilidad individual

ObamaCare will be replaced with something that actually works—bringing freedom and individual responsibility back to American health care.

— Vice President Pence (@VP) 22 de febrero de 2017

El vicepresidente de los Estados Unidos de América tuiteó ayer (despúes de soltar unos cuantas críticas al Obamacare) que 

"El Obamacare será reemplazado por algo que realmente funcione, devolviendo la libertad y la responsabilidad individual a la sanidad estadounidense".

Libertad y responsabilidad individual como sustitutas de un sistema de seguros obligatorios. La cosa sonaría estúpida sino fuera porque en realidad es malintencionada.

Devolver la libertad y responsabilidad individual

Comentamos en un post previo sobre Trump y el Obamacare que lo que se planteaba en el escenario sanitario estadounidense era un giro en la dinámica expansiva de la cobertura sanitaria. De un modelo que iba creciendo hacia los seguros obligatorios (sin plantarle demasiada cara a las aseguradoras, todo sea dicho) está pegando un giro hacia un modelo basado en "la libertad y la responsabilidad individual".

Esto, además de un giro político contra los sistemas colectivos de salud es, sobre todo, una negación (o mejor dicho, un desprecio) por el modelo de determinantes sociales de salud.

La libertad y responsabilidad individual es, en este caso, la desprotección pública de las personas cuyos determinantes sociales de salud siempre les han caído por el lado desfavorecido.

Devolver la libertad y responsabilidad individual

Lo contaba muy bien el otro día Antonio Maestre en lamarea.com ("El barrio donde naces marca tu futuro"); este negacionismo del contexto social tiene su correlato en políticas públicas que anteponen "la libertad y la responsabilidad individual" por encima de cualquier otro marco de análisis.

Si lo llevamos a nuestro marco, el de los determinantes sociales de salud, observamos que cuando por la boca de Pense se articula el concepto libertad individual en realidad lo que quiere decir es renta. Sin más. Libertad individual es el proxy liberaloide para quienes no osan decir que debe ser la renta la que condicione tu acceso a las prestaciones derivadas de las políticas públicas.

Ejemplos nos sobran, así que los comentaremos en base al modelo de determinantes sociales de salud, mirando simplemente el aspecto de los "hábitos de vida" clásicos, y cómo estos no se distribuyen de forma "basada en la libertad y las decisiones individuales", sino de forma algo más compleja.

Fuente: Observatorio de Salud de Asturias. Modificado de Dahlgreen y Whitehead.

• Alimentación: la adecuación de la alimentación a las pautas consideradas saludables es menor cuando el nivel educativo es más bajo; un buen ejemplo lo tenemos en un estudio de la cohorte italiana del estudio EPIC; así mismo, empeoramientos subjetivos del nivel de renta en una familia también son predictores del empeoramiento de la dieta de los niños de esa familia (Skafida. 2014)
• Ejercicio físico: los niños de clase social más baja presentan a lo largo de su vida hasta la edad adulta un menor tiempo dedicado a la actividad física en tiempo de ocio; esto no es fruto de un estudio, sino que existe abundante evidencia al respecto (por ejemplo -2 revisiones sistemáticas-: Juneau et al, Elhakeem et al)
• Obesidad y sobrepeso: las personas de clase social baja tienen mayor probabilidad de padecer obesidad y sobrepeso que las de las clases sociales más altas; esto se intensifica al cruzarse con otros determinantes como el género; en un texto de Álvarez-Dardet et al se afirmaba lo siguiente: "Las mujeres de clase social manual presentan un 49% más riesgo de tener sobrepeso y un 96% más riesgo de obesidad que las mujeres de clase social no-manual."
• Tabaquismo: el tabaquismo es uno de los hábitos más estudiados en relación con sus determinantes sociales; se ha visto que el desempleo o el bajo nivel de educación formal se relacionan con mayores tasas de consumo de tabaco (Barbeau et al, Pierce et al). Las desigualdades sociales en el hábito tabáquico no parece que sean algo destinado a la extinción, sino que han aumentado en los últimos 20 años (Bacigalupe et al)Por otro lado, existe un riesgo aumentado (doble) de consumo de tabaco o cannabis en personas cuya clase social ha bajado desde la infancia a la edad adulta fon respecto a las personas que se han mantenido en el mismo nivel (Bowes et al).

Devolver la libertad y responsabilidad individual

No solo los aspectos relacionados con la salud que podrían ser modificables tienen un importante componente de influencia contextual, sino que en sentido inverso, los aspectos sociales no vinculados a la libertad y responsabilidad individual también juegan un rol fundamental en la salud. Género y raza son los paradigmáticos; solamente pondremos un párrafo sobre el género, cuya influencia en la salud  está ampliamente descrita y establecida. Aquí rescatamos un párrafo de un post de hace unos años en este blog: 

¿Importa mucho que las mujeres perciban que tienen una peor salud o es solo un dato anecdótico porque lo que importa es la verdadera enfermedad -más allá de lo percibido-? Sí. Mucho. Desde hace años tenemos estudios que muestran que "La mala percepción de salud es un fuerte predictor de mortalidad, y esta asociación sólo se explica en parte por la historia médica, los factores de riesgo cardiovascular y el nivel educativo" (Heistaro 2001). Desde hace más de 20 años sabemos que "la percepción global de salud es un predictor independiente de mortalidad en casi todos los estudios" (Idler 1997), aunque eso no haya hecho que en las facultades de medicina se le preste más atención que a la hiperhomocisteinemia o condiciones similares

 Devolver la libertad y responsabilidad individual

Para terminar, copiamos unos párrafos de un libro que está a punto de salir; en concreto lo siguiente pertenece a un capítulo sobre justicia y salud.

La responsabilidad individual en el desarrollo de la enfermedad es un asunto fundamental para hacer análisis de decisiones como la planteada en 2016 en Italia de no financiar el tratamiento frente al cáncer de pulmón a las personas fumadoras u otras decisiones que se mueven en un ámbito argumental similar. Cada una de las teorías que hemos comentado anteriormente aporta una visión diferente para responder a la pregunta de “¿cómo de responsable es un individuo en el desarrollo de enfermedades que pueden estar relacionadas con hábitos de vida?” o, simplificando la pregunta, ¿la adopción de hábitos de vida poco saludables es el resultado de una elección individual sobre la que el individuo tiene plena responsabilidad?

Entre el determinismo social (en el cual la libertad del individuo quedaría abolida en virtud de una estructura social que determinaría sus elecciones) y el individualismo del liberalismo no igualitario, que defiende que es el individuo el único responsable de su situación social y de salud y por ello no cabe ningún ajuste por parte de la sociedad en su conjunto a este respecto, podemos encontrar algún abordaje interesante que nos ayude a plantear nuevos argumentos; ese es el caso del abordaje de las capacidades (especialmente de la aproximación en salud que hace Sridhar Venkatapuram en su libro Health Justice) y de la convergencia entre agencia y estructura planteada por William Cockerham.

La visión de Venkatapuram queda bien explicada en el siguiente párrafo (tomado del libro Health Justice):

"Desde la perspectiva de las capacidades, los individuos se convierten en moralmente responsables de sus elecciones según sean sus capacidades, no de forma independiente a estas. Las elecciones que uno hace dependen de las opciones que uno tiene. Y, la conexión entre las elecciones personales y los resultados obtenidos sólo se pueden establecer después de tener en consideración el papel causal de los condicionantes biológicos, las condiciones físicas y las sociales. Sin eso, podríamos estar haciendo plenamente responsable a la gente de decisiones de las cuales son, solamente, responsables de forma parcial."

Sobornos exentos de impuestos: 9 aportaciones.

A veces leemos noticias que nos parecen mal y dedicamos un rato a explicar el porqué.

Fuente: eldiario.es

En este caso es un tema del que hemos hablado largo y tendido en este blog, así que intentaremos resumirlo en 10 puntos.

1. La relación con la industria farmacéutica se ha asociado con perfiles de prescripción más alejados de la evidencia científica (y no por una distorsión basada en la crítica a la evidencia desde el punto de vista epistemológico, precisamente); esta asociación es, además, dosis-dependiente, por lo que mayores niveles de exposición se asocian con distorsiones mayores. Asociación no es causalidad, pero la fuerza de la asociación y la consistencia de lo publicado a este respecto apoya esta hipótesis hasta hacer que la carga de la prueba caiga sobre quien quiera contradecirla.

2. Lxs médicxs y la industria farmacéutica tienen objetivos distintos. El de unxs debería ser, a grandes rasgos, mejorar la salud de los pacientes y el de la industria es vender sus productos. Ambos pueden ser objetivos legítimos, pero lo que no parece muy legítimo es decir que esos objetivos están siempre alineados. Como explicamos -o intentamos explicar- Usama, Marta y yo en una rapid response al British Medical Journal:

La industria farmacéutica y los médicos no comparten los mismos objetivos. El principal propósito de la industria es maximizar sus beneficios (un objetivo legítimo en una sociedad de mercado). El principal propósito de los médicos es ayudar a los pacientes a mejorar su salud. Para conseguir su objetivo, los médicos tienen que tratar de comprender las causas fundamentales de la enfermedad y sus mecanismos. La presencia de la industria farmacéutica en la formación médica continuada puede tratar de alterar ese abordaje, dirigiéndolo hacia un conocimiento con orientación puramente biologicista, infraestimando la importancia de los factores psicológicos y sociales, llegando a incrementar la medicalización de la vida. Las interacciones entre la industria y los médicos a través de la formación médica continuada pueden suponer la introducción de sesgos de interpretación de la evidencia científica por parte de los médicos en favor de los intereses de la industria.

3. Cualquier medida legislativa (o su equivalente en cartón piedra, que son las proposiciones no legislativas, como la presentada por Ciudadanos) debería ir encaminada a fortalecer los tabiques comerciales entre la industria farmacéutica y la profesión médica, capacitando al/la médicx para el ejercicio independiente. ¿Hay formas de hacer eso? Creemos que sí, y así lo comentamos en un post al respecto hace unos meses -lo siguiente son las recomendaciones para las instituciones públicas-:

1. Incrementar la financiación de los planes de formación continuada, de modo que ésta se pueda llevar a cabo de forma sencilla sin necesidad de financiación por parte de la industria farmacéutica.

2. Conformar grupos de trabajo independientes de la administración (sin filiación política directa) para detectar las necesidades formativas y diseñar los planes docentes.

3. Exigir un número determinado de horas de formación por profesional para periodos concretos (trienios, quinquenios,...) realizadas por entes independientes de las industrias relacionadas con la salud (farmacéutica, alimentaria, diagnóstica,...) -y que fueran realizables con la oferta formativa de fuentes públicas-.

4. Prohibir la asistencia de cargos de libre designación a encuentros formativos con patrocinio industrial siempre y cuando la financiación de dicha asistencia se realice con fondos de la industria.

5. No reconocer como interlocutores válidos a las sociedades científicas que presenten patrocinio de industria que firmen contratos con las administraciones públicas.

6. Prohibir la realización de actividades publicitarias en centros sanitarios públicos.

7. Incrementar la transparencia en relación a las relaciones entre la industria farmacéutica y los dirigentes públicos, especialmente en materia de puertas giratorias, aprobación de medicamentos y fijación de precios.

8. No aceptar como válidas para el cómputo en las bolsas de empleo las actividades formativas organizadas por la industria farmacéutica.

9. Generar incentivos no monetarios (en forma de fomento de la docencia e investigación) para actividades libres de humos industriales.

4. Urge que las actividades organizadas o financiadas por la industria farmacéutica dejen de contar en la hoja de méritos de lxs profesionales sanitarixs que quieran trabajar en el sector público. En la situación actual muchxs médicxs se ven incentivados a aceptar pagos de la industria farmacéutica (en diferentes conceptos) para poder aspirar a sumar puntos en los baremos para bolsas de empleo u ofertas públicas de empleo. Desincentivar esta relación es una responsabilidad de las instituciones.

5. Es cierto que tributar por estos pagos puede parecer en cierto grado una legitimación de los mismos, pero dejarlos exentos de tributación da un paso más y lo convierte en colaboración. Los salarios de lxs médicxs en España son bajos comparados con otros países de la OCDE (aunque sea muy de brocha gorda decir esto y deberíamos ver quién cobra cómo dentro de esa escala de grises que son "lxs médicxs en España"), pero es que los salarios bajos no pueden ser argumento de aprobación de conductas que distorsionan la buena práctica médica y que empeoran la calidad de la asistencia.

6. A día de hoy es factible planificar una formación libre de humos industriales; está claro que hay que hacer renuncias, pero estas son menos cuando se suma la masa crítica suficiente para generar espacios alternativos de formación (como éste). El primer día de la residencia de Medicina Familiar y Comunitaria me dijeron aquello de que "es imposible formarse sin la industria farmacéutica", al terminar la residencia contesté escribiendo un post titulado "me dejaron elegir el color de mis cadenas".

7. Las instituciones públicas hacen una dejación de funciones en materia de formación verdaderamente espectacular, pero también es cierto que existen algunas con cursos que merecen mucho la pena, así como existen instituciones independientes con cursos que dan ganas de llorar de alegría (¿qué decir del Laboratorio del Polimedicado?). Lo que ocurre es que más allá del "pues que nos lo pague nuestro empleador" (¿por qué "empleador" es siempre masculino, por cierto?) habría que preguntarse qué tipo de formación debe organizar y financiar una institución pública. Congresos a 600€ la inscripción con talleres patrocinados por la empresa de cuyo fármaco se va a hablar no parecen la opción más recomendable para invertir dinero público.

8. Probablemente todo pase porque la generación de entornos como IAVANTE (Andalucía) o la Agencia Laín Entralgo (Madrid) no sean cosas efímeras dependientes de fondos europeos o intereses personales, sino ejes fundamentales dentro de la función del sistema sanitario público de generar profesionales independientes, con criterio, actualizadxs y en continuo reciclaje.

9. Tal vez lo que más nos apena de la iniciativa de que los pagos de la industria a lxs médicxs en concepto de "formación" (más viajes y alojamiento) queden exentos de impuestos es el apoyo de una parte nada desdeñable del colectivo médico. Un ejemplo es la Federación de Asociaciones Científico-Médicas, posicionándose a favor sin demasiado rubor.

10. Si alguna vez pensáis que "a mí no me influye"... recordad este post (los sobres que reciben los médicos) y esta gráfica.

Gestión privada de la sanidad pública: la banca siempre gana.

"Probablemente les sorprenda, pero los ingresos del lado público son más rentable que los del lado privado"

Así de claro se mostraba hace unos meses el Consejero Delegado de Fresenius, la empresa que había comprado Quirón Salud, haciendo gala de sinceridad y clarividencia al mostrar la sanidad privada en nuestro país como un proceso de parasitación de la sanidad pública.

Hoy es el gobierno de la Comunidad de Madrid (Partido Popular) junto con Ciudadanos quien nos nuestra que lo que decía el señor de la frase anterior es totalmente cierto.

Fuente: Acta Sanitaria.

Desde que en 2012 el Partido Popular intentó privatizar la gestión de 6 hospitales en Madrid y de unos cuantos centros de salud, el debate sobre la gestión privada resurgió (recordemos que esto viene de bastante antes, de 1997 al menos) e hizo que muchxs escribiéramos abundantemente sobre ello.

Cuando se habla de los modelos de gestión privada de la sanidad pública se habla de muchas cosas:

1. Por un lado se habla de resultados en salud o de cómo se afecta la equidad, estando bastante establecido que la gestión privada de la sanidad no aporta mejoras en salud y además puede poner en riesgos, según sea el modelo de asistencia sanitaria y la organización territorial de los centros sanitarios, la equidad en el acceso a la asistencia
2. Los aspectos económicos son los segundos que salen a colación, haciéndose comparaciones según estudios de evaluación económica y mostrándose que, desde una perspectiva social, no parece nada justificado ampararse en la eficiencia para defender la gestión privada de centros públicos.

Sin embargo hay un aspecto por el que, desde la perspectiva del financiador público, debería renunciarse a la privatización de la gestión de centros sanitarios privados: la gestión del riesgo.

El modelo actual más utilizado de gestión privada a nivel hospitalario es el modelo PFI (Private Financing Initiative o Iniciativa de Financiación Privada), según el cual una empresa privada (un conjunto de empresas privadas, que como buena historia que es, también aquí tiene que tener algún papel una constructora) construye un hospital y a cambio se le concede la gestión (también llamada explotación) de sus servicios clínicos y no clínicos durante un periodo de tiempo (20 años en principio) a cambio de un dinero anual por habitante (la llamada cápita).

La justificación que se da desde las personas que creen que los modelos PFI molan y que deberíamos expandir su uso es que se permite poner a disposición de la población nuevas infraestructuras sin incurrir en incrementos del gasto público, haciendo una transferencia del riesgo financiero que supone una inversión de este tipo y a cambio de un gasto más o menos fijo en concepto de cápita. Además, los gastos en los que se incurría en estos contratos no computaban, en teoría, en el déficit público, de modo que parecía una estrategia win-win así contada.

La realidad es que, por un lado lo de que no compute como deuda acabó siendo mentira puesto que a la hora de la verdad pudimos ver cómo la troika le dijo a Portugal que la vinculación y el anclaje que suponían los contratos de sus modelos PFI eran de tan calado que debían computar en el déficit. Por otro lado, y más importante, no existe ninguna transferencia de riesgo.

Cuando Ribera Salud o la Fundación Jiménez Díaz (esta última con un modelo diferente) han necesitado un rescate o un cambio en la cápita, se ha hecho; los centros sanitarios y los contratos firmados para su gestión cumplen la máxima de TOO BIG TO FALL (DEMASIADO GRANDES PARA CAER) y tienen un elevado nivel de blindaje a nivel contractual.

Y esto ¿qué tiene que ver con la subida presupuestaria tan diferente entre centros públicos y centros privados? Resulta que el cierre maravilloso de la falta de transferencia de riesgos está en que el beneficio de los centros de gestión privada está bien blindado por la vía contractual; aunque los pliegos no gozan de la transparencia que debería desearse dentro de la gestión de un servicio público, sí que se sabe que, por ejemplo, el acuerdo de financiación del hospital de Valdemoro (gestión privada) incluía una financiación anual incremental del IPC+2 puntos. Es decir, con los hospitales de gestión pública directa se haría lo que fuera, recortando si fuera preciso para cuadrar las cuentas, pero la financiación de los centros de gestión privada quedaba bien cubierta a muchos años vista.

Privatizar la gestión de la sanidad pública supone transferir el poder de planificación, control y gestión a empresas privadas sobre las cuales las administraciones públicas no tienen apenas capacidad de actuación.

Eso es precisamente lo que debería hacer que se dejaran atrás debates sobre la no inferioridad o la inferioridad de uno u otro modelo y se apostara por una gestión pública efectiva, segura, eficiente, que rinda cuentas y que se atraviese de las herramientas de control democrático propias de los servicios públicos de una sociedad que también lo sea.

Por cierto, el gasto en hospitales de gestión privada crece un 6.1%, el de los hospitales de gestión pública un 2.5%... y el de la Atención Primaria un 2.2%... se hable de lo público o de lo privado, la atención primaria siempre pierde.

Derogar sin reemplazar: de la protesta a la propuesta.

Hace unas semanas Barack Obama firmaba un artículo en el New England Journal of Medicine titulado "Repealing the ACA without a replacement -- The risks to American Health Care"; hemos traducido el artículo, no solo porque sirva para ver en qué momento se encuentra el sistema sanitario de los Estados Unidos, sino también porque creemos que existen muchos fragmentos que deberíamos pensar en primera persona del plural si queremos articular una alternativa en materia sanitaria.

En términos generales, Obama hace una crítica al lema del partido republicano de "repeal and replace", esto es, derogar y reemplazar, que aplican a lo que pretende hacer el gobierno de Donald Trump con el Obamacare. Tras una campaña centrada en la destrucción del legado sanitario de Obama -con sus luces y sus sombras- no está muy clara cuál es la alternativa que el nuevo gobierno pretende implantar en los Estados Unidos (como comentamos en un post anterior). Esta política de derogar el Obamacare y luego ya veremos lo que hacemos supondría, según Obama y según algún que otro think-tank que está escribiendo al respecto, una vuelta a las peores cifras conocidas de NO aseguramiento en los Estados Unidos (recordemos que, a pesar de sus problemas, Obamacare logró un incremento notable del aseguramiento y una contención -no solo atribuible al Obamacare- del gasto sanitario).

¿Qué relación tiene esto con España? Los últimos 4-5 años del gobierno de Mariano Rajoy nos dejaron una serie de políticas aprobadas a modo de una apisonadora legislativa en las cuales se hicieron patentes cambios de modelos en el ámbito de las políticas públicas que, para muchos, supusieron no solo una vuelta al pasado, sino sobre todo un giro represor y limitador de derechos. Ante este tipo de políticas, la reacción generalizada ha sido la de repeal and replace, esto es, ensalzar la derogación como instrumento legislativo, no solo político, y dejar en un segundo plano comunicativo -no tanto real- la generación de alternativas.

En el ámbito de las políticas de salud son fácilmente identificables las dos leyes -una del gobierno anterior y otra de hace unos cuantos años- que dentro del imaginario y el discurso del activismo sanitario suponen dos hitos que han generado un cambio de modelo: el Real Decreto 16/2012 y la Ley 15/97.

El Real Decreto 16/2012 fue la medida legislativa que utilizó el Partido Popular para cambiar el modelo sanitario, rescatando el concepto de aseguramiento, restringiendo la cobertura a algunos colectivos, incrementando la dependencia del Instituto Nacional de la Seguridad Social, reformando el copago -con una cosa buena, la exención a los parados sin prestación y muchas malas, como el incremento generalizado del copago o la introducción de copago en población pensionista-, reguló la función de la Red de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y reformó el modelo de la cartera de servicios dividiéndola en 3.

Derogar el RD 16/2012, sin más, supone volver al modelo pre-2012 para muchas cosas que a lo mejor no queremos que vuelvan a esa situación.La construcción de un discurso político y activista en torno a tirar lo que el PP construyó como muro entre nosotrxs y los derechos sanitarios puede estar bien, pero es necesario saber si queremos transitar a un modelo de asistencia basada en la residencia en el territorio (nunca hemos llegado a tener eso realmente en España), si queremos eliminar por completo los copagos -y no volver al modelo anterior de copagos en activos, aunque estuvieran parados y sin prestación- y cómo vamos a organizar la cartera de servicios -frente al modelo intensamente restrictivo del RD 16/2012.

Derogar la Ley 15/97 nos llevaría a la legislación anterior, esto es, una que en 1996 sentaba las bases para el comienzo de la creación de los sistemas de fundaciones sanitarias. La Ley 15/97 es la responsable de todas las formas de gestión que seguimos llamando "nuevas" porque nuevo-siempre-es-mejor y que, a día de hoy, no suponen mejoras en la efectividad del sistema, no son más eficientes en la gestión de los recursos, no garantizan una mejor salud a la población y no soportan con los riesgos financieros que se supone que iban a ahorrarle a las instituciones públicas, si las comparamos con la sanidad de gestión pública directa. En el año 1997 no habíamos caminado por la transición epidemiológica convirtiendo nuestro panorama sanitario en una mezcla de pluripatología y preeminencia de los cuidados, donde la interacción entre las necesidades sociales y sanitarias se encuentran con un sistema fragmentado, dualizado y sin visos de mejora. En el ámbito de la gestión pública probablemente lo que necesitamos está más relacionado con la creación de una Ley de Formas de Gestión Pública Social y Sanitaria, que pueda impulsar la gestión pública directa en el ámbito sanitario y vincularla con un impulso financiador. Eso va mucho más allá que la simple derogación de la Ley 15/97 -que será un punto, pero solo un punto-.

Derogaremos, sí. Pero tal-vez-no-todo, y habrá que hacerlo sustituyéndolo por algo mejor a lo anterior. Una base legislativa adaptada a una realidad más amplia que aquella en la que se originaron esas reformas tan restrictivas de derechos, a la par que más blindada para no repetir retrocesos nuevamente.

Prevención primaria de tu tubo de escape.

En el día de hoy el Ayuntamiento de Madrid activó el escenario 3 de su plan anticontaminación, aplicando, entre otras medidas, la restricción al tráfico dentro de la M-30 para los vehículos con matrícula par. A su vez, también activó la indignación de un montón de personas que consideran que existe una especie de derecho fundamental a conducir su 4x4 por el Paseo de la Castellana.

Al ser este un tema (no solo el de los coches, sino el de la toma de medidas por el bien común) de recurrente conflicto en el ámbito de la salud pública vamos a dedicar algunos breves apuntes a comentarlo:

1. La contaminación que nos enferma.

Los efectos de la contaminación sobre la salud de las personas es innegable y la bibliografía al respecto es más que extensa; lo que parece menos intuitivo es que la exposición puntual a picos de contaminación suponga también un deterioro de la salud, a pesar de que esto es algo que también está bien documentado. No solo se trata de patología respiratoria (incremento de ingresos hospitalarios por reagudización de patología respiratoria crónica) sino también de enfermedades cardiovasculares.

La contaminación crónica y aguda tiene efectos sobre patologías crónicas y agudas. En un metaanálisis sobre efectos de los picos de contaminación atmosférica en Italia se observó que el pico de mortalidad se producía entre 2 y 4 días después del pico de contaminación y se cifraban en 900-1400 personas las que no habrían fallecido en el periodo estudiado de haberse cumplido las recomendaciones de la Directiva Europea al respecto de los límites de contaminación ante los cuales se deberían imponer restricciones al tráfico.

2. Las restricciones como forma efectiva de mejora de la calidad del aire.

Uno de los primeros lugares donde se estudiaron los efectos de los planes de restricción del tráfico en relación con elevados niveles de contaminación atmosférica fue China durante los Juegos Olímpicos de Pekín. Los estudios al respecto indican que limitar la entrada de coches en las zonas de alta contaminación atmosférica disminuye la contaminación atmosférica.

Hacer que los coches no puedan pasar por las ciudades disminuye los daños que esos coches producen, no solo es intuitivo sino que además parece cierto. Todas las recomendaciones caminan en esta dirección y son muchas las ciudades que han implantado medidas tanto permanentes como excepcionales para la restricción del tráfico (Berlín, Londres, Roma, París, Estocolmo, Turín,...). Se puede discutir sobre las medidas concretas, sobre la centralidad del diesel en la promoción y venta de automóviles, sobre la pertinencia de prohibir la publicidad de los coches, sobre de qué manera vamos a evaluar las políticas y qué umbrales van a desencadenar las diferentes fases de los planes anticontaminación... pero no se puede negar que limitar el acceso de los coches a los sitios hace que esos sitios estén menos contaminados.

3. La salud en todas las políticas.

Cuando se habla de la visión de "salud en todas las políticas" desde un punto de vista abstracto a mucha gente le cuesta materializar dicha visión en acciones concretas. La centralidad de la salud en la toma de decisiones en el ámbito de la movilidad quizá sea de los aspectos más evidentes de cómo plantear políticas no sanitarias en términos de mejora de salud de las poblaciones.

El cambio del modelo de movilidad y la preeminencia de formas de movilidad no contaminante son clave para seguir dando pasos desde lo coercitivo a lo performativo. Como comentaba ayer en twitter Pedro Gullón es fundamental descentralizar núcleos de trabajo, generar redes de transporte en bici pensados para ser el modo de transporte habitual, no para el goce y disfrute turístico.

4. No hacer también es hacer.

En el día de ayer un diputado del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid tachaba la medida de la restricción del tráfico de ideológica y venía a decir que era otra ocurrencia del equipo de Manuela Carmena para hacer la vida imposible a lxs madrileñxs (como peatonalizar la Gran Vía y otras medidas del estilo). Tal vez lo que habría que preguntarse es qué se ha estado haciendo hasta ahora para combatir los niveles de contaminación existentes en la ciudad de Madrid.

Desplazar la salud de la población a la periferia (o al extrarradio) de las políticas públicas también es una decisión política, y el exceso de mortalidad respiratoria y cardiovascular ligada a las políticas consistentes en ocultar los medidores de contaminación y evitar la implantación de medidas de restricción del tráfico es un exceso de mortalidad atribuible a políticas concretas (tomadas por personas concretas, por cierto).

5. La equidad en todas las políticas.

Las medidas de restricción del tráfico se pueden tomar de forma más o menos equitativa. Existe el riesgo de que estas medidas se conviertan en formas de establecimiento de prohibiciones que puedan ser esquivadas si se paga lo suficiente para ello (ya sea en forma de peaje o en forma de compra de dos coches -matrícula par/impar-). Uno de los aspectos que podría ser verdaderamente potente a la hora de tomar medidas de movilidad de forma equitativa es el caminar hacia la gratuidad del transporte público.

El pago del transporte público debe ser visto como un copago mediante el cual el usuario contribuye a la financiación de un servicio público que se financia también mediante los presupuestos de la institución competente (municipal o autonómica); además, ha de ser visto como un copago tremendamente injusto, que no está ajustado por renta, que apenas presenta exenciones y que, al igual que en el caso de la mayoría de las enfermedades, repercute más sobre las personas más desfavorecidas. La segregación de la población por clase social supone un desplazamiento de las clases populares a las zonas de la periferia, lo cual implica en un elevado número de ocasiones la necesidad de utilizar el transporte público para acudir a un centro de trabajo (que en muchas ocasiones se sitúa en el centro de las ciudades, allí donde suele vivir la gente de rentas más elevadas).

La universalización de la gratuidad del transporte público podría verse como una medida no progresiva (¿para qué financiar la gratuidad del transporte de aquellas personas que puede aportar para pagarlo?) pero sus beneficios sobre la salud pública serían mayormente progresivos (las enfermedades ligadas a la contaminación suelen tener un notable gradiente social); además, es necesario generar incentivos para que todo el mundo utilice el transporte público, no solamente las personas que económicamente no puedan permitirse el uso del transporte privado.

La equidad en todas las políticas debe ir de la mano de la salud en todas las políticas, porque sino se corre el riesgo de caer en una especie de ley del salubrismo inverso.

6. El yo y el nosotrxs.

En realidad este tema ilustra uno de los grandes dilemas de la salud pública: el yo frente al nosotros. Frente a la libertad individual (sí, hay quien dota al concepto "libertad" de contenidos bastante ridículos) de tomar la decisión de transportarse en coche se contrapone el derecho colectivo a la protección de la salud.

Frente a la libertad de fumar en los bares se impone el derecho colectivo a no sufrir el tabaquismo pasivo. Frente a la libertad de beber unas copas antes de coger el coche se impone el derecho colectivo de no quedar expuesto por una conducta temeraria de la persona bebedora. Frente a la libertad de tomar antibióticos como complemento de mi desayuno se impone la protección de la colectividad frente a la generación de bacterias multirresistentes.

Frente al individualismo libertariano que trata de colocar el principio de autopropiedad en niveles de prioridad que llegan a vulnerar las libertades ajenas y las colectivas, la respuesta del salubrismo clásico ha sido el enarbolamiento de un paternalismo que se ha ido ganando una (parcialmente merecida) mala fama, en parte por su falta de adecuación a los cambios sociales en relación con las peticiones colectivas de participación y al desarrollo de la autonomía individual como valor central de la relación clínica con el paciente. Ante esta dicotomía hay algunxs autorxs que reclaman el desarrollo de una vía maternalista (como la denomina Euna Bliss en el maravilloso libro "Inmunidad") que conjugue la centralidad de los cuidados con la participación de individuos y colectivos y la necesidad de poner el bien común en el centro de las políticas.

Próximamente saldrá publicado un libro con un capítulo sobre "Ideología y salud pública" que termina de la siguiente manera:

La ideología seguirá teniendo un papel fundamental en la conformación de las políticas de salud pública del s.XXI, y la negación de su existencia nos llevará a una deriva donde el debate individualismo-colectivismo quede artificialmente ausente de los debates pero presente en la realidad material de las sociedades y las propuestas políticas que conformen nuestros próximos años.

Otro tema es cómo lograr transversalizar medidas de beneficio colectivo, si mediante la radicalización del discurso ideológico o mediante el intento de penetración de los discursos de las diferentes ideologías... pero ese es un debate estratégico que hoy no toca.

Obamacare, Trump y la tragedia de los comunes

La victoria de Donald Trump en las pasadas elecciones de Estados Unidos ha puesto el foco, entre otras cosas, sobre cuál será el futuro del Obamacare -en particular- y del aseguramiento sanitario en EEUU -en general-.

La implantación del Obamacare, que básicamente es un modelo de aseguramiento obligatorio, burocráticamente complejo, fundamentado en el principio de generar aseguramientos masivos que permitan bajar el precio de los seguros y disminuyan el número de gente no asegurada en EEUU, se ha topado con múltiples problemas a lo largo de su implantación, de los cuales destacamos los siguientes:

• A nivel ideológico el Obamacare fue visto por algunos sectores como una socialización de la asistencia sanitaria que vulneraba las libertades individuales haciendo que la gente tuviera que contratar un seguro sanitario privado aunque no quisiera hacerlo. Esta oposición fue la que hizo que se encontrara con múltiples trabas institucionales y judiciales y se retrasara su implantación.
• A nivel usuario, el Obamacare topó con una hiperburocratización que lo convertía en un sistema difícil de entender para cualquier que quisiera beneficiarse de él. El hecho de no ser un sistema amigable para el usuario -y algunos fallos garrafales en los sistemas de inscripción y acceso al mismo- hicieron que perdiera popularidad entre la población estadounidense.
• A nivel estratégico existía la necesidad de captar a un gran número de población joven no practicante de conductas de riesgo y sin patologías asociadas, esto es, gente que habitualmente no enferma, no hace gasto y es fuente de beneficios para quien las asegura (ya sea el Estado o una empresa privada). 
• A nivel discursivo el Obamacare no ha logrado ganar la batalla. No se ha logrado generar un relato (o no se ha logrado que ese relato difundiera y se materializara en la sociedad) que señalara al Obamacare como la única salida posible a la injusta e ineficiente organización del sistema sanitario estadounidense. Una muestra de esto es la polarización de las opiniones respecto al Obamacare, como señalaba recientemente Health Affairs blog.

A pesar de los problemas a los que se ha enfrentado el Obamacare, es indudable que ha supuesto un avance notable en la expansión de la cobertura sanitaria en los EEUU (como comentamos en el artículo de Agenda Pública "Obamacare: entre el éxito inestable y las amenazas constantes"), y que será ahora cuando veremos si los cambios que ha introducido en la sanidad estadounidense han sido un paso en falso dentro de la trayectoria de mantenimiento ad aeternum del modelo basado en el aseguramiento voluntario o si ha conseguido introducir mejoras encaminadas a la conversión del sistema sanitario estadounidense hacia formas más colectivizadas, solidarias e interdependientes. 

Los sistemas de salud y la tragedia de los comunes.

Entre los miles de artículos sobre el Obamacare y la victoria de Trump que hemos podido leer hubo uno cuya lectura nos mereció especialmente la pena: "Why Obamacare enrollees voted for Trump"; en él se relata cómo en aquellos estados en los que el crecimiento de la cobertura sanitaria gracias al Obamacare fue mayor ha ganado Donald Trump. Comienza con el ejemplo del condado de Whiley, donde entre 2013 y 2016 la tasa de personas no aseguradas (sin cobertura sanitaria) pasó del 25% al 10%... y sin embargo Donald Trump obtuvo el 82% de los votos a pesar de haber repetido en varias ocasiones en su campaña electoral que eliminaría el Obamacare en su primer día de mandato.

En el artículo subyacen varias ideas, de las cuales nos interesa destacar tres: I) la gente, en general, no cree que Trump vaya a cumplir su palabra, sino que simplemente modificará el Obamacare para mejorarlo (sic), II) aparece de forma recurrente la idea de que hay otras personas más beneficiadas por el Obamacare de lo que lo están las personas que enuncian dicha afirmación, esto es, la idea de que a uno le obligan a asegurarse para mantener las condiciones de """privilegio""" de otras personas del mismo sistema y III) la necesidad de la existencia de mecanismos que aseguren el aseguramiento sanitario e, incluso, la pertinencia de expandir el modelo de aseguramiento público para personas sin recursos (MedicAid) a gente que se encuentra en esa "tierra de nadie" que es la condición de trabajador sin recursos para costearse un buen seguro sanitario pero con más recursos que los que le permiten ser incluido en el MedicAid.

Estos dos últimos puntos son los que nos plantean una situación común a la hora de pensar los sistemas de salud y la evolución (o involución) de los modelos de aseguramiento. Como se observa en el siguiente esquema, cada modelo de sistema sanitario cuenta con algunas características intrínsecas al mismo. En ese esquema se transita entre los modelos de libre mercado (inexistentes como modelos puros en la práctica) hasta los sistemas nacionales de salud (lo que son mayoritariamente el sistema español, el británico o el italiano, por ejemplo), pasando entre medias por modelos basados en el aseguramiento, ya sea voluntario u obligatorio. En esta transición de los modelos representados a la izquierda hacia los modelos representados hacia la derecha se produce una disminución de la libertad individual de suscribir un seguro sanitario mientras que se produce un incremento del papel de la solidaridad y la redistribución entre los miembros del sistema sanitario.

La situación en la que se encuentra EEUU en la actualidad es la transición de un modelo de sistemas de seguros voluntarios (con una buena parte de participación pública para subsidiar a colectivos desfavorecidos y mayores) a uno de seguros obligatorios, encontrándose con una notable oposición de personas que creen que el sistema tiene que existir, que les beneficia y que es preciso proveer de asistencia sanitaria a las personas de una forma más o menos colectivizada, pero que creen que ellos en ese momento obtienen un mayor beneficio personal no adhiriéndose a ningún seguro puesto que son personas con bajo riesgo de enfermar y no van a hacer uso de los servicios de salud.

Sería una especie de tragedia de los comunes en su versión aseguramiento sanitario (partiendo de la base de que el aseguramiento sanitario no es un bien común).

La singapurización del Trumpcare.

Entonces, ¿qué va a hacer Donald Trump? ¿cuáles son las alternativas que propone al Obamacare más allá de su demolición más o menos controlada?

El discurso de Trump en materia sanitaria fue más de oposición que de proposición; en su programa electoral en materia sanitaria se pueden leer frases como:

"Siguiendo los principios del mercado libre y trabajando juntos para crear una política pública sólida que amplíe el acceso a la atención sanitaria, que haga que la asistencia sea más asequible y mejore la calidad de los cuidados a los que puedan acceder los estadounidenses"

Lo que plantea en esa frase es darle la vuelta a la tendencia de búsqueda de la universalización de la cobertura y fortalecer la vía del libre mercado como modo de garantizar el acceso a la asistencia.

Uno de los puntos concretos que proponen, como se analizaba recientemente en Health Affairs, es el impulso a las cuentas individuales de ahorro para gastos sanitarios. Lo formula de la siguiente manera:

"Permitir a las personas utilizar las "Cuentas de Ahorros de Salud" (HSA). Las contribuciones a las HSA deben ser libres de impuestos y acumulativas. Estas cuentas se convertirían en parte del patrimonio de la persona y podrían transferirse a los herederos sin miedo a tener que pagar por la sucesión. Estos planes deben ser especialmente atractivos para la gente joven, que está sana y puede permitirse un plan de seguros con alta rentabilidad.Estos fondos deben poder utilizarse por cualquier miembro de la familia sin ninguna penalización. La flexibilidad y la seguridad provista por los HSA beneficiará a todos los que participen en ellos."

Esta medida de las cuentas de ahorro para el pago de prestaciones sanitarias recuerda a las existentes en el sistema sanitario de Singapur, cuyo modelo es uno de los más alabados dentro de ciertos entornos liberales-libertarianos como forma de bypassear la intromisión del estado en la prestación de servicios o en la financiación del gasto sanitario.

Estas Cuentas de Ahorro de Salud seguramente no sirvan para contener el gasto sanitario ni para expandir la cobertura si no se añade un punto de obligatoriedad en la aportación a las mismas. Esta obligatoriedad (mediada por la imposición estatal de aportación a dichas cuentas) es la característica fundamental de la sanidad singapurense, es decir, un modelo formalmente liberal pero intrínsecamente tan autoritario como los modelos de socialización de la cobertura (seguro obligatorio o sistema nacional de salud), pero sin la solidaridad característica de estos, puesto que los fondos son para uso individual o familiar exclusivamente.

Donald Trump se enfrenta, pues, a una situación en la que quiere derribar el Obamacare (por motivos más fetichistas que ideológicos), sin tener una propuesta alternativa claramente solvente. Ante el dilema de cómo expandir la cobertura ampliando la libertad individual y sin disparar el gasto sanitario alguien debería hacerle ver a Trump (y a su lugarteniente sanitario, Tom Price) que no es posible, y que tal vez lo más sensato sería continuar la vía abierta por Obama para ampliar la base de sustentación del sistema de aseguramiento.

Contra la humanización® de la asistencia sanitaria

En los últimos años asistimos al crecimiento (en forma de burbuja) de las iniciativas, jornadas, congresos, charlas y discursos sobre la humanización® de la asistencia sanitaria. Es un revival algo inesperado porque en los inicios del sistema sanitario público tal como lo conocemos ahora ya era algo que estaba muy de moda.

Desde nuestro punto de vista el crecimiento de las iniciativas y la omnipresencia de todo lo relacionado con humanizar® la salud tiene problemas a varios niveles.

La humanización® como la cortina de humo delante de los recortes en servicios públicos.

Existe en el discurso de la humanización® una suerte de deificación de las cosas pequeñas que nos nubla la importancia de las causas de las causas.

Los tres jinetes de la organización del sistema sanitario desde el año 2009 han sido: precarización de los profesionales sanitarios, disminución del presupuesto para los servicios de salud y empeoramiento de la coordinación inter-niveles asistenciales (en gran parte por culpa de los dos motivos anteriores); estos tres aspectos son incompatibles con la implantación de planes de humanización® de la asistencia sanitaria basada en la conciliación de unas condiciones de desempeño asistencial lamentables con la implantación de nuevos circuitos y acciones encaminadas al logro de dicha humanización®.

¿Hay que seguir proveyendo un trato cercano, cálido y respetuoso a los pacientes en entornos de escasez de medios y precariedad de las condiciones de trabajo y desempeño profesional? Por supuesto que sí, lo que resulta complicado es que esas iniciativas sean encabezadas por las mismas personas que ejecutan dichos recortes. Se puede dar una buena asistencia con unas condiciones lamentables, pero es necesario reconocer que dichas condiciones van a acabar repercutiendo hasta en lo más fundamental de la asistencia prestada, y que ni siquiera las iniciativas por la humanización(tm) van a poder blindar un conjunto mínimo básico de unidades de respeto no alienables por unas condiciones deplorables.

La humanización® como visión institucional de la psicología positiva.

Hace unos años escribimos un texto llamado "El pensamiento positivo y el sistema sanitario: una relación que debe acabar", y lo empezábamos con el siguiente texto de Barbara Ehrenreich (genuflexión):

El cáncer de mama, ahora puedo decirlo con conocimiento de causa, no me hizo más bella ni más fuerte ni más femenina, ni siquiera una persona más espiritual. Lo que me dio, si es que a esto lo queremos llamar "don", fue la oportunidad de encontrarme cara a cara con una fuerza ideológica y cultural de la que hasta entonces no había sido consciente; una fuerza que nos anima a negar la realidad, a someternos con alegría a los infortunios, y a culparnos solo a nosotros mismos por lo que nos trae el destino.

Barbara Ehrenreich. "Sonríe o muere".

En cierto modo nos parece que esta hipertrofia de la humanización® en el ámbito sanitario responde a las mismas dinámicas que la expansión de la psicología positiva; en cierto modo, humanizar es a la situación actual del sistema sanitario el equivalente de decirle "ey, anímate" a un deprimido lo sería al abordaje de la depresión, esto es, una ceguera selectiva de todo lo que hay alrededor.

La humanización® como enmienda a la totalidad de los funcionamientos previos.

Por último, muchas de las iniciativas por la humanización® de la asistencia sanitaria están encabezadas por instituciones que durante muchos años tuvieron capacidad y poder de toma de decisiones en el ámbito de la gestión sanitaria y las políticas de salud; no sabemos si es que antes la humanización® no fue una prioridad o si lo que ocurre es que existe una especie de calificación de los tiempos anteriores como deshumanizados o faltos de humanidad.

En realidad nos parece que es la respuesta coherente dentro de un relato según el cual las sociedades anteriores, menos tecnologizadas y menos robotizadas tenían un alto grado de calidez y cercanía en sus relaciones interpersonales y en los tratos entre los proveedores de servicios públicos y sus usuarios. Nosotrxs, sin embargo, rechazamos de pleno esa afirmación y vemos en ella una deriva similar a la relatada por Byung-Chul Han en el libro "La sociedad del cansancio":

"El cambio de paradigma de una sociedad disciplinaria a una sociedad de rendimiento denota una continuidad en un nivel determinado. Según parece, al inconsciente social le es inherente el afán de maximizar la producción. A partir de cierto punto de productividad, la técnica disciplinaria, es decir, el esquema negativo de la prohibición, alcanza pronto su límite. Con el fin de aumentar la productividad se sustituye el paradigma disciplinario por el de rendimiento, por el esquema positivo del poder hacer, pues a partir de un nivel determinado de producción, la negatividad de la prohibición tiene un efecto bloqueante e impide un crecimiento ulterior. La positividad del poder es mucho más eficiente que la negatividad del deber. De este modo, el inconsciente social pasa del deber al poder."

 En esta analogía, partiríamos de un modelo de elaboración de políticas y de organización de los servicios de salud basados en la coerción clásicamente asociada a la gestión clásica (teñida con un poquito de participación, un incentivo… esas cosas), y de ahí se haría una transición a un modelo autocoercitivo, que sería el representado por las iniciativas autodenominadas de humanización, que lograrían vencer los topes de generación de resultados de las estrategias de gestión basadas en la coerción porque atacarían a la propia moralidad del profesional sanitario y de los servicios de salud (si es que las instituciones tienen moral), visibilizándolos como no-humanizados en el caso de que trataran de justificar los déficits de sus acciones profesionales en aspectos estructurales tales como sus condiciones de trabajo, los recortes presupuestarios, la mala coordinación asistencial…

Tirita post-post:

No es que seamos los grinch de la humanización®, en realidad en este blog somos muy de llamar al paciente por su nombre, de levantarnos para saludarle y acompañarle hasta la puerta (en ocasiones precozmente, no vamos a negarlo), de la confidencialidad con confianza, de la visita al domicilio y de facilitar hasta la extenuación el caminar con o sin enfermedad por la vida sanitaria... a veces hasta lo plasmamos en curricula; en otra ocasiones la humanización la vivimos en primera persona.